EE.UU., cuyas sanciones han agravado la crisis tras sismo en Siria, dice que ha emitido una exención de tales embargos para permitir el envío de socorro.
El Departamento del Tesoro de EE.UU. anunció el jueves en un comunicado que ha emitido una licencia general por un plazo de 180 días, la cual autoriza a las instituciones financieras a que procesen de inmediato “todas las transacciones de ayuda” por los devastadores terremotos del pasado lunes en Siria.
Esto, mientras el portavoz del Departamento de Estado de EE.UU., Ned Price, aclaró el 6 de febrero que la solidaridad de Washington por los terremotos en Turquía y Siria no se extiende al Gobierno de Bashar al-Asad, rechazando “tender la mano” al Ejecutivo sirio para coordinar la ayuda por el fatal sismo, pese a la catastrófica situación humanitaria que vive el pueblo sirio.
Venezuela expresó a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) la necesidad del fin de las sanciones en su contra, ya que los embargos causaron daños a los ciudadanos.
“En reunión con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los DDHH, Volker Türk, invitado por el presidente Nicolás Maduro, revisamos avances Gobierno bolivariano, y transmitimos necesidad del levantamiento de las sanciones ilegales que tanto daño ocasionan a los derechos del pueblo”, afirmó este jueves el canciller Yván Gil a través de su cuenta de Twitter.
Se trata de la primera visita que realiza Türk, tras haber sustituido en el cargo a Michelle Bachelet (2018-2022).
El pide levantar “todas” las sanciones tras licencia a Chevron
Venezuela asegura que 927 de sanciones en su contra están vigentes.
Venezuela denuncia que siguen vigentes 927 sanciones de Estados Unidos y otros Estados que impactan sobre todo al pueblo de este país suramericano.
Daños de las sanciones contra Venezuela
Caracas dice que los embargos ilegales impuestos por Estados Unidos han impedido a Venezuela percibir 232 000 millones de dólares en el sector petrolero.
Por otra parte, Gil señaló, a través de la red social, que revisó junto con Türk los “avances del Gobierno bolivariano” en materia de derechos humanos.
Gobierno venezolano califica como “crimen de lesa humanidad” actuación del régimen de EEUU por mantener intacta su política de sanciones arbitrarias.
Venezuela rechazó la decisión del gobierno de Estados Unidos de continuar con la fracasada política de aplicar medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela,calificandola como crimen de lesa humanidad.
El Gobierno venezolano rechazó la noche de este lunes las más recientes declaraciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en las que la potencia gringa insiste en que mantendrá "intacta" su política de sanciones en contra de la nación bolivariana.
"Venezuela rechaza las declaraciones del Dpto. de Estado reiterando la continuidad de su fracasada política de agresión mediante Medidas Coercitivas Unilaterales: un crimen de lesa humanidad que los coloca al margen del Derecho Internacional", dijo el canciller Yván Gil a través de su cuenta en Twitter, lo único intacto hoy es la voluntad de nuestro pueblo por superar las pretensiones de la vileza imperialista, afirmó Gil y añadió que luego de los recurrentes fracasos estadounidenses la "arrogancia e inmoralidad serían cosas del pasado".
Igualmente señaló la persistencia de esa política que coloca al Estado norteño al margen del Derecho Internacional.
El Ministerio del Exterior venezolano denunció la aplicación de más de 900 medidas coercitivas unilaterales impuestas por la administración norteamericana en un lapso de siete años, por lo cual interpuso en febrero de 2020 una denuncia ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad.
Debido a métodos inventados para enfrentarse a sanciones unilaterales de EE.UU. se prevé que dentro de diez años, tales embargos ya no tendrán efecto.
De acuerdo con un informe publicado este martes por la revista Foreign Affairs, imponer sanciones a otros países ha sido durante mucho tiempo el arma diplomática favorita de Estados Unidos.
Un ejemplo notable de este caso es la decisión de Washington y sus aliados europeos de imponer diversas rondas de sanciones a Rusia por el conflicto en Ucrania.
No obstante, mientras el Gobierno estadounidense insiste cada vez más en su política de sanciones, muchos gobiernos han comenzado a fortalecer sus economías con el fin de hacer frente al bloqueo impuesto por EE.UU.
Esta estrategia, según detalla la revista, ha sido adoptada a raíz de los tres eventos ocurridos durante los últimos años en torno a Irán, Rusia y China. Primero fue en 2012 cuando EE.UU. desconectó a Irán del sistema de la Sociedad para las Comunicaciones Interbancarias y Financieras Mundiales (SWIFT, por sus siglas en inglés), que permite prácticamente todos los pagos internacionales, con el fin de asfixiar la economía del país persa.
EEUU no pudo colapsar economía de Irán con sanciones
Luego en 2014, el Occidente impuso sanciones a Rusia después de la anexión de Crimea —territorio disputado entre Rusia y Ucrania—, lo que llevó a Moscú a considerar la autonomía económica como una prioridad. Además, en 2017, Washington inició una guerra comercial con Pekín por los avances tecnológicas y económicas del país asiático.
PDVSA intenta recuperar terreno en su producción petrolera tras el histórico derrumbe de 2017 mientras Washington busca crudo para atender sus urgencias en materia energética.
Representantes de Estados Unidos y Venezuela llevan varios meses discutiendo directamente los asuntos más delicados de las complejas relaciones entre ambas naciones, con independencia de las demandas de la oposición venezolana. Las concesiones petroleras, no obstante, abrieron algunas posibilidades adicionales al diálogo, de cuya reanudación se venía hablando con insistencia, y ahora son un hecho. Todo se ha dado en el marco de la suavización de las sanciones impuestas por Washington, que en el contexto político actual era más apremiante para la Administración de Joe Biden que para Nicolás Maduro. “Flexibilizar sanciones es, en este momento, más urgente para Estados Unidos que para Venezuela”, afirma el economista y profesor universitario Víctor Álvarez.
Con la explotación de los campos petroleros en la Faja del Orinoco, al sur, y en Boscán, al occidente del país, el Gobierno de Maduro puede aumentar sus ingresos, y el país podría subir en unos 200.000 barriles diarios adicionales su producción en el corto y mediano plazo. En este marco de apertura, además de Chevron, otras multinacionales energéticas como las europeas Eni y Repsol hacen lobby para obtener concesiones similares en gas y petróleo. Se especula con insistencia en torno al interés de otras multinacionales estadounidenses y francesas.
Después de que Maduro anunciara que el país alcanzó el millón de barriles diarios, a principios de este año, y de haber prometido que al final de actual se llegaría a los 2.000.000, Venezuela produce en este momento, con dificultad, 700.000 barriles diarios de petróleo. En sus mejores tiempos, la estatal Petróleos de Venezuela producía, por cuenta propia, 3.200.000. Estados Unidos atiende de nuevo sus propias urgencias, necesitado como está de que el crudo venezolano entre al mercado para evitar que continúe el encarecimiento de los combustibles en el contexto de la guerra entre Rusia y Ucrania.
“Estos acuerdos se están dando a pesar de que no hay cambios en la Ley de Hidrocarburos vigente en Venezuela, que obligaría al Estado venezolano a asumir la mayoría accionaria en la creación de empresas mixtas como PetroPiar, cuya mayoría accionaria pertenece a PDVSA en un 70%.” comenta Francisco Monaldi, economista especializado en al área energética de la Universidad de Stanford y del Instituto de Estudios Superiores de Administración, IESA. “Es casi seguro que los acuerdos se formalicen en un contrato aparte, en el marco de la Ley AntiBloqueo. A Chevron se le debe mucho dinero. Ellos estarían obligados a invertir inmediatamente y subir la producción, obtendrían sus utilidades, y el Estado venezolano quedaría con el 33% de las regalías.” Monaldi calcula que, en el muy corto plazo, las inversiones de Chevron levantarían la producción local en 50.000 barriles diarios.
“No creo que existan muchas multinacionales estadounidenses dispuestas a hacer nuevas inversiones en Venezuela”, matiza el economista y académico Francisco Rodríguez. “PDVSA y el Gobierno de Maduro tienen un problema de reputación muy grave en el mundo de las finanzas con su forma de hacer las cosas. Estados Unidos necesita en este momento la ruta de Venezuela para suplir sus necesidades, pero una flexibilización de sanciones parcial como esta tampoco hará que la producción petrolera del país aumente demasiado. Para que eso sucede tienen que levantarse completamente las sanciones internacionales”.
Luego de años de un tono hostil y nacionalista con los capitales vinculados al negocio petrolero y gasífero, el Gobierno de Nicolás Maduro hace en estos momentos reiterados llamados a la comunidad internacional para que inviertan en los campos petroleros venezolanos, presentándolos como alternativa para suplir la alta demanda internacional de energía, en un contexto inflacionario y de aumento del precio de los combustibles ante la inminencia del invierno.
Además de la reflexión sobre la flexibilización de las sanciones, Víctor Álvarez sostiene que en el Palacio de Miraflores hay tranquilidad en este contexto y piensa que es probable que Maduro, a cambio, ofrezca algún gesto similar muy pronto, liberando algunos presos políticos o levantando algunas inhabilitaciones a políticos opositores, puesto que, “son medidas que no tienen en este momento costos importantes para el chavismo.”
“En mi opinión, la nueva licencia a Chevron viene envuelta con un papel de regalo para procurar una mejora en las condiciones electorales para los comicios venezolanos de 2024″ continúa Álvarez. “Creo que esto es posible. Chevron tiene ya capacidad instalada en el país, esas operaciones se pueden concretar rápidamente. Este acercamiento puede producir nuevos acuerdos con la Oposición, y le quitaría toda razón de ser al llamado Gobierno Interino.”
Los Estados miembros del mecanismo de cooperación regional “rechazan la decisión de la Unión Europea de 10 de noviembre de 2022”.
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La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América - Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) rechazó este martes la decisión de la Unión Europea de extender las medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela.
En un mensaje publicado en su cuenta de la red social de Twitter, el ALBA-TCP externó que los Estados miembros del mecanismo de cooperación regional “rechazan la decisión de la Unión Europea de 10 de noviembre de 2022”.
En esa fecha, la alianza europea extendió la imposición de medidas coercitivas unilaterales, “violatorias del Derecho Internacional”, contra la nación suramericana.
El ALBA-TCP anotó que la UE alargó por sexto año “la imposición de las medidas coercitivas, unilaterales, injerencistas y violatorias del Derecho Internacional contra representantes gubernamentales de la República Bolivariana de Venezuela”.
Mencionó que esa política de la UE es una clara violación del Derecho Internacional y de la Carta de las Naciones Unidas, “con efectos devastadores en la alimentación, salud y educación del pueblo venezolano que impiden el disfrute de los Derechos Humanos”.
La cancillería venezolana anunció en un comunicado que el “Gobierno rechazó la decisión de la Unión Europea (UE) de renovar las Medidas Coercitivas Unilaterales en contra 17 funcionarios del gobierno de Venezuela
“El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela rechaza la desafortunada decisión de la Unión Europea de renovar, por otro año consecutivo, las Medidas Coercitivas Unilaterales en contra del Pueblo venezolano, anunciada el día 11 de noviembre de 2022”, inició el texto.
“Con esta anacrónica decisión se pretende insistir en una estrategia completamente errónea, con la que la UE no ha logrado, en los últimos cinco años, cumplir su objetivo de derrocar al Gobierno Bolivariano ni apartar a nuestro pueblo del rumbo político consagrado en nuestra Constitución”, recalcó el comunicado.
Asimismo, la cancillería manifestó que mencionadas medidas “aplicadas ilegalmente por la Unión Europea de forma premeditada, castigan y violan masivamente los derechos humanos del pueblo venezolano, ya que sus consecuencias indirectas terminan por limitar el acceso a alimentos, medicinas, insumos primarios, maquinarias, repuestos y equipos necesarios para garantizar derechos fundamentales y asegurar el normal desenvolvimiento de nuestra sociedad”.
“La decisión de la Unión Europea, publicada el mismo día en el cual el Presidente Enmanuel Macron manifiesta públicamente la voluntad de apoyar las negociaciones entre el Gobierno de Venezuela y un sector de la oposición, es incoherente y constituye una bofetada a la iniciativa francesa denominada Foro por la paz”, puntualizó.
“Repudiamos la política insana de recurrir a estas herramientas de chantaje político, contrariando los principios democráticos y de derechos humanos, instituyendo una peligrosa práctica contraria a los principios del Derecho Internacional y la coexistencia pacífica entre los Estados”, finalizó el texto.
El presidente del Parlamento de Venezuela deja claro que el camino del diálogo con la oposición pasa por el levantamiento de las sanciones impuestas al país.
Jorge Rodríguez, quien lidera también la delegación negociadora del Gobierno del presidente Nicolás Maduro durante las conversaciones con la oposición, denunció el viernes que sobre el país bolivariano pesan 762 sanciones y subrayó que para avanzar en los diálogos es necesario que esos “eventos agresivos sean levantados”.
En declaraciones trasmitidas por la cadena Venezolana de Televisión, ellegislador dijo que los embargos, impuestos especialmente por Estados Unidos y la Unión Europea (UE), están dirigidos contra los empresarios, la industria petrolera, las líneas aéreas, los productos agrícolas, los viajeros y el derecho de viajar de cualquier venezolano.
Rodríguez, quien mantuvo la misma jornada del viernes un encuentro con la delegación de la oposición en la capital francesa en el marco del V Foro de París por la Paz, aseguró, vía Twitter, que “el camino” del país caribeño es el diálogo, la suspensión de las sanciones internacionales y el respeto a la Constitución.
El cese de las medidas coercitivas unilaterales siempre ha sido una condición del chavismo para avanzar en el proceso de diálogo con la oposición. Sin embargo, el Occidente no solo no ha cumplido esa demanda, sino que ha entorpecido el proceso democrático, intensificando las sanciones, a las que Caracas considera una herramienta en manos de enemigos para debilitar el país, saquear sus recursos y derrocar al Gobierno de Maduro.
En esta línea, la UE prorrogó el viernes las “medidas restrictivas” contra 17 personas vinculadas al Gobierno venezolano por las supuestas “acciones persistentes de menoscabo de la democracia, el Estado de Derecho y los Derechos Humanos”.
¿Qué pasó en el encuentro Gobierno-Oposición en París?
En la cita, que además de las partes involucradas participaron los presidentes de Francia, Colombia y Argentina, Emmanuel Macron, Gustavo Petro, y Alberto Fernández, respectivamente, el chavismo y la oposición acordaron crear un fondo social, administrado por las Naciones Unidas, para atender programas de salud y alimentación, y el sistema eléctrico público, afectado por actos de sabotaje.
Ese fondo, de unos 3000 millones de dólares, se financiará con recursos congelados del Estado venezolano que se encuentran esencialmente en Europa.
Con esa iniciativa, las partes acordaron reanudar el diálogo en México, que quedó paralizado en octubre de 2021 por decisión del Ejecutivo de Maduro en protesta por el secuestro y extradición a Estados Unidos del diplomático Alex Saab
Rusia amplía su lista de estadounidenses sancionados a quienes les cierra la puerta al país euroasiático, en una medida recíproca por la hostilidad de Washington.
“Sobre la base de la reciprocidad, se introduce la prohibición de la entrada al territorio de la Federación Rusa en relación con 200 ciudadanos estadounidenses”, ha informado este viernes el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, mediante un comunicado.
Tal como ha destacado la Cancillería rusa, la medida entra en curso tras la imposición permanente de sanciones por la Administración de EE.UU., presidida por Joe Biden, contra funcionarios, representantes empresariales, personalidades públicas y culturales o cualquier otra persona de Rusia que sea indeseable para Washington por una u otra razón.
La extensa lista incluye nombres como la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre; Paul Pelosi, marido de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y los hermanos del presidente Biden: Valerie, James y Francis William Biden.
También hay representantes de las autoridades y los legisladores, así como sus familiares cercanos, jefes de empresas y compañías militares, expertos y cabilderos involucrados en la promoción de la campaña rusófoba y el apoyo a Kiev.
Moscú y Occidente, encabezado por Washington, siguen sin poder superar las tensiones que están por las nubes después del inicio de la operación rusa en Ucrania, el 24 de febrero.
Ante tal situación, EE.UU. y sus aliados vienen imponiendo embargos a funcionarios, empresas y sectores económicos rusos, medidas consideradas por Moscú como “una declaración de guerra” y que serán respondidas recíprocamente, un conflicto que, según expertos, tendrá un efecto dominó en la economía mundial.
#MUNDO | 📍 El Consejo de la Unión Europea (UE) extendió hasta el 14 de noviembre de 2023 las sanciones impuestas en contra de funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro por socavar la democracia y violar los derechos humanos de los venezolanos. pic.twitter.com/DHp1R7uB20
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