Procedente de Colombia, la droga iba a ser sacada por vía aérea desde una pista clandestina y con destino a Belice, EE.UU., México y Europa.
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La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) de Venezuela incautó 2.260 kilogramos de cocaína pura que aparentemente pertenecían a los carteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco, informó este viernes el jefe del Comando Estratégico Operacional venezolano, Domingo Hernández Lárez.
"Se tiene información de inteligencia de que este importante alijo pertenece al cartel de Sinaloa y al cartel de Jalisco", comentó Hernández, al precisar que la cocaína entró a Venezuela desde el departamento colombiano del Norte de Santander.
El alto funcionario militar detalló, en declaraciones transmitidas por el canal estatal VTV, que la droga le fue incautada a un hombre de nacionalidad venezolana que trabaja para esos grupos delictivos, en un procedimiento realizado en el municipio Catatumbo del fronterizo estado Zulia.
Según los interrogatorios realizados al detenido, agregó Hernández, la droga fue ingresada a territorio venezolano a través del río Catatumbo, envuelta en 78 bultos que contenían 2.296 panelas.
Se pretendía al parecer sacar esa cocaína de Venezuela por vía aérea, desde una pista clandestina. Tenía como primer destino Belice, en la costa caribeña de Centroamérica, desde donde luego la distribuirían hacia EE.UU., México y Europa.
Hernández destacó que durante el año 2022 Venezuela ha logrado incautar 39.539 kilos de distintas drogas. Especificó además que el estado Zulia es la región donde las autoridades han efectuado el mayor número de confiscaciones, con 74,98 % del total de estupefacientes interceptados en territorio nacional.
En El Morro de Puerto Santo,Carúpano,edo Sucre,un sujeto conocido como el Profesor Carreño,descubrió que un menor se estaba robando algo para comer y éste,junto a su familia,amarraron al menor y le propinaron una brutal golpiza mientras yacía en el suelo pic.twitter.com/uiUt7xqiHD
No es una fila para escapar de Ucrania, es una larga larga fila en uno de los puntos de agua potable en Jackson, Mississippi... ...Washington tiene millones para hacer la guerra de Zelenski, pero no para el agua en EEUU. pic.twitter.com/dUMvSSBGmO
La Administración Biden es la tercera que promueve una legislación climática importante y fracasa por la presión de la industria del petróleo, el gas y el carbón. Clinton lo intentó con tasas sobre el carbono. Obama, con precios y límites fijos
El jueves 14 de julio de 2022, el paquete legislativo Build Back Better (‘reconstruir mejor’, en su traducción al castellano) que definiría el primer mandato de la presidencia de Biden con una combinación de financiación climática, medidas de atención médica e impuestos progresivos, fue declarado muerto por segunda vez. La extremaunción se pronunció por primera vez en diciembre del año pasado. El plan fue resucitado después. Ahora parece que le han hundido una estaca en el corazón.
Según informó el NYT, el estado de ánimo en Washington era desesperado:
“En privado, los miembros del personal demócrata del Senado se enfurecieron y sollozaron el jueves por la noche, después de más de un año de trabajar noches y fines de semana para reducir, suavizar, recortar y adaptar la legislación climática… solo para que la rechazaran a pocos centímetros de la línea de meta. ‘La ira me impide llorar’, escribió en Twitter el jueves por la noche el senador Edward J. Markey, demócrata de Massachusetts y defensor de la legislación climática desde hace mucho tiempo”.
“Lo que alguna vez fue una agenda transformadora multimillonaria para enfrentar numerosas crisis de larga duración en la política interna, se ha reducido a una reforma de precios de medicamentos excepcionalmente limitada, la parte principal de la cual, la negociación de precios en Medicare, no entra en vigor hasta 2026, dos años después de las próximas elecciones presidenciales, y tras una prórroga de dos años de los subsidios de la ACA que expirarían a fin de año. Dieciocho meses de negociaciones infructuosas se han reducido a eso”.
La parte del plan relativa a la salud aún puede prosperar. Se habla de que los aspectos climáticos podrían recuperarse en otoño. Pero nadie lo cree realmente. En noviembre, la apuesta es que los demócratas perderán el control del Congreso, lo que significa que para la política progresista se ha cerrado de golpe una ventana de oportunidad histórica. Ahora, es ya poco probable que EE.UU. cumpla con los ambiciosos objetivos de reducir emisiones (una reducción del 50-52% en las emisiones de CO2 en relación con 2005) que la administración Biden anunció al mundo en la primavera de 2021.
“Joe Biden alguna vez soñó con una agenda de reforma interna del tipo de FDR. Pero el colapso de las negociaciones en el Congreso (…) garantizará que no logre nada por el estilo, ni del tamaño de Roosevelt, ni del tamaño de Obama, ni siquiera del tamaño de Clinton. (Bill Clinton logró aumentar los impuestos a los ricos, expandir el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo y crear un beneficio de atención médica para los niños pobres). Además de perder su oportunidad de abordar cualquier necesidad social interna de manera duradera, la administración ha puesto en peligro su liderazgo global sobre el cambio climático y un impuesto mínimo corporativo global, dos medidas que dependían de que Biden pusiera en orden la casa en su propio país”.
La muerte del plan Build Back Better es otro fracaso de la clase política estadounidense para responder a las múltiples crisis globales de nuestro momento actual: clima, pandemia, inmigración, inestabilidad financiera, desigualdad global y riesgo económico, que he llamado “policrisis”. Mientras el mundo se asfixia con un calor extremo, Washington –que en ciertos aspectos sigue siendo el centro de mando del poder global– ha declarado que tiene otras preocupaciones más apremiantes que atender, como la inflación –como si supusiera una compensación significativa– o aprobar una gigantesca ley de defensa.
Mientras que el Pentágono se prepara para una confrontación con los enemigos de Estados Unidos en el extranjero, en particular China y Rusia, el fracaso de Build Back Better ha “condenado a la humanidad”, como expresó en términos bastante melodramáticos John Podesta, ex consejero principal del presidente Barack Obama, y fundador del Center for American Progress.
Y este drama de Washington tiene un villano: Joe Manchin. El senador de West Virginia es el único responsable de paralizar la propuesta clave de Biden no una, sino dos veces.
El senador Joe Manchin, durante una mesa de debate en Washington en 2017. | Fotografía de Third Way Think Tank
A lo largo del tortuoso proceso de negociación que comenzó en el verano de 2021, la administración y los líderes del Congreso trabajaron en estrecha colaboración con Manchin con la esperanza de persuadirlo para que respaldara alguna combinación de las propuestas de Biden sobre infraestructura, bienestar, impuestos y clima. En el proceso, la ambiciosa agenda de Biden estuvo sujeta a sucesivos recortes mediante la táctica del salami.
Primero, los centristas del Congreso recortaron la parte relativa a infraestructuras, y el liderazgo demócrata siguió adelante. Para David Dayen, en American Prospect:
“El momento decisivo podría haber sido cuando el liderazgo demócrata decidió respaldar el proyecto de ley de infraestructura bipartidista y tomar la palabra a los centristas y republicanos de que votarían por cualquier otra cosa a cambio”.
Y estaba el paquete de 300.000 millones de dólares para gastar en créditos fiscales para productores y consumidores de energía eólica y solar y compradores de vehículos eléctricos. Como informa el NYT:
“Sería la mayor partida presupuestaria concreta de Estados Unidos para luchar contra el cambio climático. El senador Wyden buscó la opinión del Sr. Manchin para dar forma al paquete de impuestos de tal manera que Virginia Occidental lo apoyase. El Sr. Manchin accedió: le dijo al Sr. Wyden que reescribiera el paquete de acuerdo con sus especificaciones, de modo que los créditos fiscales también pudieran usarse para la energía nuclear y para la captura y el secuestro de carbono, una tecnología incipiente que hasta ahora no ha demostrado ser comercialmente viable pero que teóricamente podría permitir que las plantas de energía que queman carbón, petróleo o gas continúen operando sin emisiones de calentamiento climático”.
El paquete de subsidios de 300.000 millones de dólares estuvo acompañado de medidas regulatorias:
“Al mismo tiempo, otros demócratas estaban elaborando una legislación climática aún más ambiciosa para el proyecto de ley, conocida como estándar de energía limpia, que habría pagado a las empresas eléctricas para reemplazar las centrales eléctricas de carbón y gas y penalizar a las que no lo hicieran. En un memorando privado firmado el verano pasado con el senador Chuck Schumer de Nueva York, el líder de la mayoría, el Sr. Manchin, presidente del comité de recursos naturales y energía del Senado, se aseguró el control sobre el diseño del programa. Pero en octubre, el Sr. Manchin se había retractado del estándar de energía limpia, diciendo que no podía apoyar ninguna versión. Los demócratas eliminaron toda la propuesta.
En diciembre, Manchin se retiró por completo de las negociaciones y dijo que no podía votar por el paquete general de gastos. Las conversaciones estuvieron muertas durante meses”.
En este punto, el plan Build Back Better murió por primera vez.
Pero la administración y los demócratas del Congreso no se habían rendido. En la primavera de 2022 se reanudaron las conversaciones, pero ahora la posición de Manchin era más dura que nunca. La administración estaba cada vez más desesperada por aprobar algún tipo de legislación y la guerra en Ucrania disparó los precios de la gasolina y el gas, fortaleciendo a quienes exigían defender los combustibles fósiles.
“La invasión rusa de Ucrania le dió a Manchin una nueva y enorme capacidad de negociación, al igual que la inflación récord”, declaró Paul Bledsoe, asesor estratégico del Progressive Policy Institute. Eso, dijo, “cambió la dinámica”.
Cada vez que Manchin saboteaba el proyecto de ley, los defensores de las políticas climáticas se apresuraban a encontrar soluciones y excepciones. La semana pasada, Manchin parecía tener todo lo que quería. Build Back Better se había convertido, tanto en un paquete de promoción a corto plazo de la producción de combustibles fósiles, como en un programa de energía renovable a largo plazo. Todavía el miércoles por la noche [el 13 de julio] parecía que se había cerrado un trato. Pero luego, Manchin se alejó. Al final, ni siquiera intentó defenderse, simplemente saludó a los reporteros y señaló la inflación. Tan indiferente fue su rechazo que dejó a los comentaristas preguntándose si alguna vez había habido un acuerdo.
Manchin parece el principal villano en este guion. Recibió más donaciones de campaña de la industria del petróleo y el gas que cualquier otro senador y debe su fortuna personal al negocio del carbón. Es vanidoso y extremadamente sensible. Pero explicar cómo puede ejercer el poder de presión que tiene es una pregunta más sutil que simplemente rastrear sus finanzas personales. No es suficiente en este momento de desilusión culpar simplemente a una manzana podrida.
“Manchin es una persona tan buena como cualquier otra para echarle la culpa. Tiene sangre en sus manos. Es reconfortante tener una sola persona en quien concentrar la ira. Pero su poder para hacer o deshacer la política climática tardó años, tal vez siglos, en gestarse. Hasta que se acabe con las verdaderas causas –desde una Constitución antidemocrática hasta un sistema político rehén de los beneficios de las empresas–, seguirán actuando”.
Estados Unidos es uno de los lugares de nacimiento de la política climática moderna y el lugar donde la política climática ha ido a morir, no una vez sino varias. Biden es ahora la tercera administración demócrata consecutiva que intenta aprobar una legislación climática importante y fracasa. Clinton lo intentó con un impuesto sobre el carbono. Obama lo intentó con la fijación de precios del carbono mediante límites máximos y comercio. Ambos esfuerzos colapsaron.
El paquete Build Back Better 2021-2022 fue el producto de un proceso de aprendizaje. Comenzó a partir de la suposición de que la fijación de precios del carbono era imposible en la América moderna. En cambio, la administración Biden se centraría en una combinación de regulaciones (aire limpio) y subsidios para la adopción de vehículos eléctricos. Estos no fueron gestos vagos. Los escenarios fueron cuidadosamente calibrados por los principales equipos de modelado climático. Nunca antes los planes de política económica habían estado tan vinculados a la modelización de emisiones. Al menos hasta el invierno de 2021-2022, todavía había optimismo de que los paquetes de compromiso permitirían a Estados Unidos cumplir sus objetivos para 2030. Pero incluso el modelado más sofisticado y la intensa campaña fueron insuficientes a la hora de superar las maniobras cínicas de Manchin.
Manchin es una figura que llama la atención. Pero solo tiene la influencia que tiene porque la mayoría demócrata es muy pequeña. Se puede culpar de ello a los fallos del Partido Demócrata. Angustiosas autopsias llenarán el verano y el otoño, más aún si a los demócratas les va tan mal en las elecciones intermedias como es de esperar.
Pero, ¿hubo realmente una estrategia mediante la cual los demócratas podrían haber obtenido mayorías aplastantes en 2020 en ambas cámaras del Congreso que les permitieran aprobar una legislación importante frente a las reglas obstruccionistas y los procedimientos antimayoritarios del Capitolio? Es dudoso. Durante décadas, ni los demócratas ni los republicanos han obtenido el tipo de grandes mayorías que permitieron el New Deal de las décadas de 1930 y 1940. Estados Unidos es una sociedad profundamente dividida que no produce fácilmente grandes mayorías para una legislación ambiciosa de cualquiera de los partidos. Ya en la década de 1990, el neoliberalismo, aunque hegemónico en la élite política, carecía de un apoyo mayoritario. Carter, Reagan y Clinton tuvieron que maniobrar con cuidado.
Estados Unidos tampoco es peculiar en este sentido. Bruno Amable ha explicado una situación similar en la Francia contemporánea. Con la ruptura de los bloques sociales tradicionales de izquierda y derecha, las sociedades modernas se fragmentan sin una alineación clara de los partidos y proyectos políticos con las coaliciones sociales familiares. Los encuestadores de opinión generalmente encuentran que la opinión pública en Europa y los EE.UU. se puede dividir en cinco o seis segmentos sociales, políticos y culturales distintos. La forma obvia de organizar el poder, por lo tanto, es a través de algún tipo de modelo de representación proporcional moderado y un sistema de coalición a varios niveles del tipo que opera en Alemania. Por el contrario, los sistemas bipartidistas, mayoritarios tanto en EE.UU. como en el Reino Unido, crean una escena política altamente impredecible, en la que los dos partidos principales comparten intereses y subgrupos que tienen intereses y políticas enormemente divergentes, y romper el empate es difícil, a menos que se estabilice mediante la manipulación electoral de las circunscripciones.
Invocar el ejemplo alemán no daría lugar a una solución simple, ni para la constitución de una gobernanza efectiva, ni para la hegemonía de la modernización verde en particular. También en Alemania, las cuestiones centrales de la política climática siguen siendo objeto de controversia. Pero hay poco o ningún margen para la negación total o el olvido del problema. Lo que acaba de hacer Joe Manchin junto con todo el Partido Republicano a la administración Biden, que es poner en tela de juicio la prioridad de toda la agenda climática, sería impensable.
Es tentador decir que, en última instancia, el problema en EE.UU. es que la cuestión climática no es suficientemente popular. Pero eso plantea la pregunta. El clima no es un tema que se impone simplemente por la fuerza de los hechos. No es lo mismo que la contaminación o una guerra. El clima es abstracto. Para unir los puntos, para que destaque, requiere trabajo político. Activistas, científicos, medios de comunicación, algunos políticos clave, de hecho, han hecho ese trabajo en EE.UU. y la evidencia es que están ganando terreno.
“Una encuesta realizada a principios de mayo por el Centro de Investigación Pew encontró que la mayoría de los estadounidenses, el 58%, piensa que el gobierno federal está haciendo muy poco para reducir los efectos del calentamiento global, mientras que el 22% dijo que está haciendo lo correcto y el 18% dijo que no está haciendo demasiado. En la misma encuesta, el 71% dijo que su comunidad había sido afectada por condiciones climáticas extremas en el último año y la mayoría lo vinculó con el cambio climático”.
El problema con la política climática en EE.UU. no es que no se pueda encontrar una mayoría popular para un programa diseñado adecuadamente, sino que el Partido Republicano y los demócratas de centro no tienen interés en proponer o aceptar tal política. Más allá de la figura individual de Manchin, aquí es donde pesa el cabildeo de la industria de los combustibles fósiles. La influencia de los grupos de presión del petróleo, el gas y el carbón y sus industrias asociadas no actúa sobre la gran masa del público, sino sobre la clase política, para garantizar que disuadan, moderen y, en última instancia, eliminen propuestas como Build Back Better.
Por supuesto, los grupos de presión juegan aquí un papel clave. Manchin está claramente en su bolsillo. Pero eso por sí mismo tampoco es una respuesta adecuada. Las industrias de combustibles fósiles, incluso en Virginia Occidental, no representan una parte dominante de la actividad económica regional, y mucho menos nacional. Y, después de todo, existen importantes intereses que se beneficiarán de la energía de bajo coste que promete la transición a la energía renovable. Por lo tanto, este es el otro papel clave para el cabildeo a favor de los fósiles. No solo buscan persuadir a la clase política para que se oponga a medidas como Build Back Better, sino que también disuaden a otros sectores empresariales de formar el tipo de coaliciones para la modernización verde que están comenzando a marcar la pauta en Europa.
Otra forma de expresar el mismo punto es preguntar por qué Build Back Better no tuvo amigos más poderosos. ¿Cómo un programa nacional gigante podría llegar a depender del voto de un solo senador que representa a un estado con una población menor que la de Brooklyn? En este sentido, vale la pena escuchar más de cerca a Manchin y las justificaciones que ofrece. Sus argumentos son ilógicos pero no obstante reveladores. Según lo informado por el New York Times:
“A principios de esta semana, Manchin dijo que su principal preocupación era el precio en las estaciones de gasolina y la necesidad de más combustibles fósiles. ‘¿Cómo bajamos el precio de la gasolina?’, pregunta. ‘Desde el punto de vista de la energía, no puedes hacerlo a menos que produzcas más. Si hay gente que no quiere producir más fósiles, entonces tienes un problema. Esa es la realidad. Tienes que hacerlo’”.
“El 13 de julio, después de que se publicaran datos que mostraban la tasa de inflación del país del 9,1%, la más alta en un año, Manchin dijo en un comunicado: ‘No importa qué aspiraciones de gasto puedan tener algunos en el Congreso, es evidente para cualquiera que visite un tienda de alimentación o una gasolinera que no podemos echar más combustible a este incendio inflacionario’”.
Uno de sus portavoces pasó a detallar:
“El Senador Manchin cree que es hora de que los líderes dejen de lado las agendas políticas, reevalúen y se ajusten a las realidades económicas que enfrenta el país para evitar tomar medidas que agreguen combustible al fuego inflacionario”.
En declaraciones a los equipos de noticias de televisión ampliamente difundidos por Fox, Manchin señaló una supuesta conexión entre la inflación y la deuda. Para combatir la inflación hay que “controlar la deuda”, declaró. Este no era el momento para un gran paquete de gastos como Build Back Better. Por supuesto, la legislación propuesta también incluía impuestos, pero en eso también Manchin se mostró escéptico. No quiere exprimir a las empresas estadounidenses.
Lo que esto sugiere es que puede ser un error ver el fracaso de Build Back Better principalmente a través de la lente del clima. De hecho, es mejor como parte de un esfuerzo más amplio por parte de los demócratas centristas, para quienes Manchin es un testaferro conveniente para detener las energías reformistas que se adoptaron brevemente en el ala izquierda del Partido Demócrata en 2021.
La teoría del cambio que inspiró el esfuerzo por aprobar el Build Back Better tenía una base amplia. Inspirados libremente en la visión del Green New Deal, los planes Jobs and Families de Biden vincularon el clima con una agenda más amplia de políticas progresistas. La apuesta era que así se podía construir una poderosa coalición electoral. De la misma manera, sin embargo, también se multiplicaron los enemigos. Como lo describe Chait en American Prospect:
“En las últimas semanas [junio/julio de 2022], Manchin volvió a la mesa de negociaciones con un trato que aún habría supuesto un logro sustancial. El plan habría aumentado los impuestos a los ultrarricos y habría permitido al gobierno federal ahorrar dinero negociando el coste de algunos medicamentos recetados. Las ganancias de estas medidas, probablemente alrededor de un billón de dólares, se habrían dividido entre la reducción del déficit, las inversiones en energía (producción de combustibles fósiles a corto plazo e inversión en energía verde a largo plazo) y un mayor apoyo a los créditos fiscales para ayudar a las personas a comprar un seguro de salud. Una facción clave de los demócratas en la Cámara, junto con la senadora Kyrsten Sinema, palideció ante las subidas de impuestos. Los moderados han estado coordinando en privado su oposición, y parece muy probable que la repentina oposición de Manchin a aumentar los impuestos a los ricos no provenga de él, sino de ellos: a veces libra a sus compañeros demócratas moderados de la presión. En este caso, es probable que esté canalizando sus preocupaciones y haciéndolas pasar como propias”.
No solo la oposición en la Cámara encabezada por Josh Gottheimer de Nueva Jersey se unió en torno a la oposición a los impuestos sobre los estadounidenses más ricos, sino que otro tema fue el impuesto corporativo. En la primera agenda progresista de la administración Biden, un elemento clave fue el esfuerzo liderado por Janet Yellen en el Tesoro para crear una coalición global en torno a un impuesto mínimo de sociedades del 15%. La disposición debía incluirse en el proyecto de ley de reconciliación, que bajo los arcanos procedimientos del Senado, reuniría todas las propuestas de políticas clave para ser votadas por la delgada mayoría de los demócratas. Pero como informó Brian Faler en Politico, Manchin también planteó objeciones a esto.
“El senador Joe Manchin rechazó el viernes la idea de imponer un impuesto mínimo global del 15% a las empresas estadounidenses, abriendo un gran agujero en la campaña de la administración Biden para rehacer el sistema fiscal internacional. Hablando con el locutor de radio de West Virginia, Hoppy Kercheval, Manchin dijo que no apoya el plan de la administración porque otros países aún tienen que adoptar el impuesto, y no quiere poner a las empresas estadounidenses en una desventaja competitiva. ‘No vamos a seguir ese camino en el extranjero en este momento’, dijo Manchin, ‘porque el resto de los países no seguirán y pondremos en peligro a todas nuestras empresas internacionales, lo que perjudicará a la economía estadounidense’. ‘No puedo hacer eso, así que lo quitamos de la mesa’, afirmó refiriéndose a sus conversaciones a puerta cerrada con el líder de la mayoría del Senado”.
Usted podría preguntarse, ¿qué tienen que ver las medidas climáticas con los impuestos globales? Los vínculos son los llamados “pagos”, un legado de la medida encabezada por Nancy Pelosi y apoyada por el Tesoro de Janet Yellen en 2021 para garantizar que la segunda ola de medidas de la administración Biden no aumentara considerablemente la deuda nacional. Eso implica que el clima y otros gastos tendrían que financiarse a través de impuestos. Eso ayudó a disipar los temores de los conservadores fiscales, pero también amplió la coalición contra la promulgación de cualquier legislación.
El efecto secundario no deseado del fallido mega paquete de medidas progresistas de Biden es que los recortes de impuestos de tres billones de dólares de Donald Trump, en diciembre de 2017, que favorecen abrumadoramente a los estadounidenses más ricos ahora probablemente se vuelvan permanentes por defecto. Como Chait comenta:
“Donald Trump pudo unir a su partido detrás de un impopular recorte de impuestos para los ricos. Biden no pudo unir a su partido detrás de una reversión popular de ese proyecto de ley, o incluso una reversión parcial. Los politólogos tienen una explicación para ambas cosas: los ricos tienen una influencia desproporcionada en la élite de los partidos, colocando a los demócratas a la izquierda de sus votantes en temas sociales, y a los republicanos a la derecha de sus votantes en temas económicos”.
Como señala David Dayen en American Prospect, este es un cambio asombroso. Las medidas fiscales de diciembre de 2017 de Trump fueron tremendamente impopulares. Revertirlas y restaurar el código fiscal de 2017 debería proporcionar toda la financiación que necesitan los demócratas. Y, sin embargo, gracias a los propios demócratas, el régimen fiscal de Trump saldrá ileso de la presidencia de Biden.
“A los pocos meses de que Biden asumiera el cargo, se formó un comité de recortes de impuestos a favor de Trump. De repente, personas como Sinema, Gottheimer, Schrader y otros no estaban interesados en aumentar los impuestos sobre las corporaciones, las ganancias de capital, las herencias, los negocios de traspaso, los hogares ricos o realmente cualquier otra cosa. La administración de Biden y los líderes del Senado siguieron negociando otras ideas. Si al caucus a favor de la reducción de impuestos no le gustaba aumentar las tasas marginales, ¿qué tal un impuesto solo para los multimillonarios? Si no le gustaban las nuevas tasas corporativas, ¿qué tal un impuesto mínimo global para las grandes corporaciones, negociadas con todo el mundo?, ¿eso evitaría la evasión? ¿Qué tal simplemente reforzar la gestión del IRS para que los impuestos realmente adeudados bajo la estructura actual se recauden realmente? Uno por uno, el comité de recortes de impuestos pro-Trump los rechazó. La única parte de los recortes de impuestos de Trump que realmente querían cambiar era revertir la derogación de la deducción de impuestos estatales y locales, prácticamente el único no obsequio para los ricos en todo el paquete. Manchin finalmente se convirtió en miembro de pleno derecho del comité de recortes de impuestos pro-Trump la semana pasada, cuando rechazó cualquier aumento de impuestos en la reconciliación. Toda la premisa de la política demócrata durante los últimos dos años –utilizar los retrocesos del recorte de impuestos más impopular (¿el único impopular?) tal vez en la historia para compensar una nueva ronda de inversión pública profundamente necesaria– estaba muerta. (…) Los recortes de impuestos de Trump se harán permanentes, firmados por quien sea presidente en 2025, si no es por Biden antes. A pesar de las nobles promesas, no se tocará ni un solo dólar de esta política excepcionalmente impopular, cortesía del presidente quizás más vilipendiado por los demócratas”.
No solo está muerto el Build Back Better, sino que los recortes de impuestos de Trump siguen vivos
Este es el alcance completo del fracaso de la primera administración Biden. Permitió que los planes innovadores de gastos a largo plazo se cargaran con requisitos de financiación a corto plazo. Estos podrían haberse cumplido en gran medida revirtiendo los recortes de Trump de 2017. Y, sin embargo, hoy se encuentra con las manos vacías. No solo está muerto el Build Back Better, sino que los recortes de impuestos de Trump siguen vivos y los centristas dentro de su propio partido le han infligido esa doble pérdida a Biden.
Como comenta David Dayen:
“¿Por qué siguen en pie los recortes de impuestos de Trump? ¿Tiene algo que ver con la política fiscal en particular y la alergia demócrata a los aumentos de impuestos? ¿Es resultado de unas mayorías congresionales mínimas, de reglas legislativas ridículas como el obstruccionismo y objetivos demasiado dramáticos superpuestos a ellas? Creo que va más allá y señala cómo los demócratas acaban de olvidar lo que constituye gobernar. La forma en que crean ideas políticas, forman coaliciones políticas y trabajan para aprobar medidas en el Congreso está irremediablemente rota. Si se tiene una oposición unánime a una mala política, sin defensores políticos reales, y luego no se puede hacer nada al respecto en el espacio de cinco años, es la expresión de un mal funcionamiento esencial a todos los niveles del partido y el proceso. Nadie debería ser perdonado por ello. Es sobre todo una vergüenza”.
Habiendo fracasado ampliamente en el Congreso, la administración Biden ahora insiste en que duplicará las regulaciones administrativas como una forma de impulsar la lucha climática.
“La acción sobre el cambio climático y la energía limpia sigue siendo más urgente que nunca”, dijo Biden. “Entonces, permítanme ser claro: si el Senado no se mueve para abordar la crisis climática y fortalecer nuestra industria nacional de energía limpia, tomaré medidas ejecutivas enérgicas para enfrentar este momento”.
Pero hasta ahora, las acciones administrativas tomadas por la administración apuntan en la dirección opuesta, con el objetivo de apaciguar a los deseos de Manchin y acelerar el desarrollo del petróleo y el gas.
“El Departamento de Interior ofreció la posibilidad de 11 nuevas ventas de arrendamiento de petróleo y gas en alta mar en el Golfo de México y Alaska, a pesar de la promesa de campaña de Biden de poner fin a nuevas perforaciones en aguas federales. La Casa Blanca también estaba sopesando si permitir una vía para otros proyectos de combustibles fósiles, como un gasoducto en West Virginia, para ganar el voto del Sr. Manchin. La administración retrasó las reglas federales para hacer frente al metano, el mercurio y otros contaminantes en las instalaciones de petróleo y gas para no enojar a Manchin durante las negociaciones, según varios funcionarios de la administración. Son dos años de tiempo perdido en un proceso regulatorio que puede ser largo”.
Mientras tanto, toda la viabilidad de la ruta regulatoria ha sido cuestionada por la Corte Suprema, donde la mayoría conservadora votó recientemente limitar la capacidad de la Agencia de Protección Ambiental para regular las emisiones de carbono de las centrales eléctricas. La EPA puede continuar regulando los gases de efecto invernadero, pero efectivamente ha perdido el poder para forzar el cierre de las plantas de carbón más contaminantes u obligar a las empresas de servicios públicos a cambiar a energías renovables.
Dieciocho meses después de la toma de posesión de enero de 2021, la administración Biden enfrenta el naufragio de su agenda de política interna. Dayan resume bien el estado de ánimo de la izquierda.
“Lo que es más importante, detener el ‘quieren o no quieren’, es un imperativo político absoluto. El partido está agotado por el fracaso y no aguantará un par de meses más de deseos y esperanzas. Dieciocho meses de Joe Manchin siendo el demócrata más conocido de Estados Unidos es suficiente. Simplemente registre [lo que queda de] el proyecto de ley y termine con esto. Haga algo y pase el receso de agosto pensando en cómo llegamos aquí”.
El futuro en lo que respecta a los progresistas estadounidenses parece sombrío.
Durante dos años en Washington, los republicanos, atrincherados en una oposición férrea, fueron un espectáculo secundario. La política que importaba estaba dentro del Partido Demócrata, entre la izquierda, el centro y la derecha. Ahora, con las elecciones intermedias a la vuelta de la esquina, estamos a punto de embarcarnos en un capítulo nuevo y más oscuro dominado por los esfuerzos de un Partido Republicano resurgente para aplastar la energía que le queda a la Casa Blanca de Biden y preparar el terreno para las elecciones presidenciales de 2024.
Este cambio de ciclo en Washington afectará al mundo entero.
Cuando se anunció la agenda climática de Biden en la primavera de 2021, no fue simplemente un acontecimiento nacional. La Casa Blanca organizó una cumbre climática mundial antes de la COP26 en Glasgow. El punto era demostrar que América estaba “de vuelta”. Tanto la agenda climática como la fiscal de Biden se diseñaron teniendo en cuenta los acuerdos globales. En ambos frentes, la credibilidad de Estados Unidos ahora está hecha trizas.
Joe Biden llegando a la cumbre sobre el cambio climático | Fotografía de COP26
Esta es, sin duda, una muy mala noticia. Al leer el comentario sobre el sabotaje del Build Back Better por parte de Manchin, se puede perdonar pensar que implicaba una sentencia de muerte para el mundo. Pero tales exageraciones reflejan la conmoción del momento en lugar de un análisis lúcido de la influencia real de Estados Unidos en los asuntos mundiales en 2022.
Es posible que alguna vez hubo un momento, quizás en la década de 1990, en el que la política climática global realmente giró en torno a las batallas en Washington DC. Pero hoy esa es una visión profundamente anacrónica. La participación de Estados Unidos en las emisiones globales es inferior al 14%, la mitad de la de China, y su participación está cayendo año tras año.
Por supuesto, un mundo con unos Estados Unidos comprometidos con la transición energética sería un mundo mejor. Trump mostró cómo Estados Unidos puede anclar una coalición contra el clima. Pero incluso con unos Estados Unidos obstructivo, la transición energética en Europa y gran parte de Asia tiene un impulso que la empujará adelante a pesar de todo. Fundamentalmente, lo que impulsa esta lógica es la diferencia entre los exportadores de energía y los importadores de energía y las ventajas de costes cada vez más convincentes de la energía renovable.
En lo que respecta al mundo, simplemente confirma el hecho de que EE.UU. es un socio poco fiable en la transición energética y tiene un sesgo estructural profundo e incorporado a favor de los combustibles fósiles.
El colapso del Build Back Better es una mala noticia, sobre todo, para Estados Unidos.
La transición energética de EE.UU. se ralentizará. Procederá sin apoyo y con considerable desventaja. Coloca a Detroit, por ejemplo, en una posición poco envidiable. El riesgo es que, en un futuro no muy lejano, EE.UU. se convierta en un daño colateral a medida que avanza la transición euroasiática. Esas son malas noticias para el capital estadounidense. Las empresas estadounidenses pierden las ganancias que se obtendrán de la modernización ecológica. Mientras que el precio del carbono está creando una clase de activos completamente nueva en Europa, Estados Unidos ni siquiera puede llegar al punto de partida.
El capitalismo estadounidense sobrevivirá. Lo que está más en duda es el futuro de la sociedad estadounidense y el sistema político construido sobre ella. Sobre todo, el fracaso de la agenda interna de la administración Biden es una noticia terrible para los estadounidenses “comunes”. Es una señal más de la negativa de la clase política estadounidense a idear soluciones coherentes y orientadas al futuro para la sociedad estadounidense en su conjunto. En lugar de ser la rampa de salida hacia un futuro más verde, la presidencia de Biden está montando una campaña sostenida para presionar a los productores de petróleo y gas de Estados Unidos para maximizar la producción y humillarse ante Arabia Saudí. Las autopsias del paquete Build Back Better de Biden pueden acusar a Joe Manchin de ser la causa de la muerte. Pero los problemas de Estados Unidos con la transición energética son mucho más profundos que eso.
Otro episodio por diferencias políticas ha terminado en un asesinato en Brasil, donde falta menos de un mes para que se celebren las elecciones. Un seguidor del presidente Jair Bolsonaro mató a cuchilladas a un militante del exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva durante una discusión la noche del 7 de septiembre.
Según informaciones de la Policía Civil, recogidas por la prensa, el crimen ocurrió en una zona rural en el municipio de Confresa, en el estado de Mato Grosso, donde ambos hombres trabajaban en una fábrica de cerámica.
El autor del crimen, Rafael de Oliveira, de 24 años, confesó haber matado a su colega, Benedito Cardoso dos Santos, de 44.
Según Folha de Sao Paulo, que cita a la Policía, el asesino intentó sin éxito decapitar a la víctima con un hacha e incluso grabó la escena del crimen.
En su declaración a la Policía, De Oliveira explicó que la discusión fue subiendo de tono y que empezaron a propinarse puñetazos hasta que él terminó "perdiendo el control". Mató a su colega a golpe de puñaladas en el rostro.
El comisario Higo Rafael Ferreira informó al citado medio que De Oliveira intentó escaparse, pero fue detenido y trasladado a comisaría, donde confesó el crimen.
Más seguridad para los candidatos
En julio, Jorge Guaranho, un agente penitenciario federal y seguidor de Bolsonaro, asesinó a tiros a Marcelo Arruda, militante del Partido de los Trabajadores (PT), liderado por Lula, que celebraba su fiesta de cumpleaños en Foz de Iguazú, en el estado de Paraná.
Aquel crimen provocó una fuerte reacción en la esfera política brasileña y la Policía Federal, incluso, decidió ampliar sus efectivos para proteger a los candidatos en la campaña para las elecciones de octubre.Las elecciones en Brasil se celebrarán el próximo 2 de octubre en medio deuna gran tensióny ante el temor de que puedan desembocar en actos violentos si Bolsonaro perdiese las elecciones y no reconociese los resultados.
El ultraderechista repite como un mantra que el sistema de voto electrónico utilizado desde 1996 se presta al fraude y que las urnas pueden ser pirateadas.
Algunos analistas opinan que podrían suceder situaciones como la de enero de 2021 en EE.UU., cuando seguidores de Donald Trump asaltaron el Capitolio al rechazar los resultados de las urnas.
Segunda parte parte de la entrevista realizada a Eric Toussaint por Martín Mosquera para la revista latinoamericana Jacobinlat
Martín Mosquera (Jacobinlat): Con respecto al acuerdo de Argentina con el FMI, habría que señalar dos ideas presentes en el gobierno nacional: la primera es que se trata de un acuerdo que no exige reformas estructurales, lo que sería una excepción; y la segunda es la apuesta de que después del saneamiento de la situación macroeconómica, habrá un crecimiento que atenuará el impacto del ajuste derivado del propio acuerdo, lo que permitiría encarrilar la economía y la situación social en la buena vía.
Éric Toussaint: Bueno, está claro que se trata de un acuerdo que debe ser totalmente rechazado, un acuerdo desastroso que causará una vez más graves problemas en Argentina. De una manera u otra, con el fin de poder «vender» ese préstamo, el FMI logró un procedimiento más sofisticado al no poner como condición previa las exigencias de reformas estructurales. Pero existe, en el acuerdo, un déficit presupuestario bien definido y muy limitado, un seguimiento cotidiano de las finanzas y misiones trimestrales del FMI para verificar las cuentas. El veredicto de cada misión condicionaría el siguiente desembolso. Así, el FMI dispondrá de un potente instrumento de presión para obtener una reducción de gastos y reformas que no están definidas previamente. Es una sofisticación más perversa de la injerencia del FMI en la determinación de la política de un país soberano, puesto que, en los acuerdos precedentes, la gente ya podía imaginar lo que les esperaba debido a la exigencia previa de reformas estructurales.
Con el fin de poder «vender» ese préstamo a la opinión pública argentina, el FMI sofisticó aún más el procedimiento al no poner como condición previa unas exigencias de reformas estructurales. Es una sofisticación aún más perversa de la injerencia del FMI
Para la burocracia sindical que defiende el acuerdo con el FMI, habría sido más difícil hacer público su apoyo si un pedido de reforma del trabajo hubiera estado explícitamente incluido. Ahora tal como el acuerdo es presentado, es más fácil para ellos expresar su sostén y argumentar, seguidamente, que no podían imaginar lo que iba a pasar en el sector del trabajo porque no estaba definido. Por lo tanto, para mí, la estrategia es aún más infame y más sofisticada en su perversidad. Ya que está claro que los términos del acuerdo están en total contradicción con la versión que el ministro de Finanzas Martín Guzmán y el presidente Alberto Fernández, y aquellos y aquellas que lo defienden, quieren presentar.
Los términos del acuerdo con el FMI están en total contradicción con la versión que presentan el ministro de Finanzas Martin Guzmán y el presidente Alberto Fernández
En cuanto a la afirmación según la cual el crecimiento de la producción garantizaría el pago de la deuda, hay que decir que el volumen de la nueva deuda es enorme, ya que se trata de 45.000 millones de dólares que han sido renegociados con el FMI, y que se agregan a todas las otras deudas. El calendario de pagos significa que, aunque hubiera una economía en crecimiento, sería muy difícil disponer de un margen de maniobra que permita al gobierno financiar mejoras sociales y al mismo tiempo pagar la deuda. Considero que es muy difícil.
Y los y las que están en el gobierno y en la dirección del Frente de Todos (FdT), son totalmente conscientes de la situación nefasta en la que aceptaron el gobierno de Argentina. Por consiguiente, mienten con respecto a lo que pasará. Y es por eso que un sector del FdT decidió votar en contra.
Recordemos que efectivamente, en la noche del jueves 10 al viernes 11 de marzo de 2022, la cámara de diputados validó el acuerdo con el FMI a pesar de que un tercio de diputadas y diputados que, hasta ese momento, habían votado a favor de la política del presidente Fernández, votaron en contra del acuerdo o se abstuvieron. La mayoría se obtuvo gracias a los votos de la derecha, que deseaba absolutamente que el acuerdo sea aprobado. De esa manera se legalizaría la deuda odiosa que la propia derecha había contraído con el FMI en 2018. El gobierno de Macri, en ese año, recibió del FMI 45.000 millones de dólares y el presidente Fernández decidió en 2022 pedir otros 45.000 millones para reembolsar esa suma. El 96 % de los diputados y diputadas de la oposición de derecha votaron a favor del nuevo crédito, mientras que solamente el 62 % de los diputados y diputadas oficialistas votaron a favor. Los cuatro diputados y diputadas del FIT-U también rechazaron el acuerdo.
El 17 de marzo, el 42 % de senadores y senadoras oficialistas votaron contra el acuerdo con el FMI (sobre 33 miembros del Senado con que cuenta el FdT, 13 votaron en contra). Y se aprobó gracias al aporte de la derecha, que era indispensable porque en el Senado se necesitaba una mayoría de 2/3. 32 senadores y senadoras de la derecha, seguidores del expresidente Macri se unieron a 20 miembros oficialistas del Senado para lograr que el acuerdo con el FMI fuese aprobado. https://www.cronista.com/economia-politica/acuerdo-con-el-fmi-uno-por-uno-como-votaron-los-senadores/
En el encuentro que he tenido el 15 de marzo con miembros del Congreso, del Frente de Todos opuestos al acuerdo con el FMI, éstos querían conocer mis argumentos concernientes a la posibilidad de no pagar la deuda reclamada por el FMI, y las consecuencias que eso podría acarrear al país. Les expliqué que había leído el texto donde explicaban por qué habían votado en contra en la cámara de diputados. Agregué que, si bien me alegraba que se hubieran opuesto a la validación del acuerdo con el FMI, no estaba de acuerdo en que una deuda necesariamente se debía pagar. Les dije que no era suficiente afirmar que la negociación había acabado en un mal acuerdo, por el contrario, habría sido necesario que, desde el comienzo del mandato del presidente Alberto Fernández, o sea, desde diciembre de 2019, se hubiera constituido una comisión de auditoría de la deuda con participación ciudadana. Se tendría que haber declarado que Argentina consideraba odioso e ilegal el crédito otorgado por el FMI en 2018, al gobierno precedente. Expliqué cuales habrían podido ser los argumentos y las alternativas. Todos y todas me escucharon atentamente. Inmediatamente después de la reunión, decidieron difundir ampliamente nuestro encuentro. Querían mostrar que su oposición al acuerdo era un tema de actualidad y que eso terminaría en un voto negativo en el Senado, los días venideros. Y es efectivamente lo que pasó. Toda la prensa se hizo eco de ese hecho (Legisladores del Frente de Todos se reunieron con un politólogo que pide la abolición de la deuda con el FMI | Perfil), ya sea la prensa de derecha como la Nación (Dos barcos a la deriva– LA NACION) o Clarín (Quién es Eric Toussaint, el economista anti Fondo Monetario que encandila a La Cámpora y la izquierda (clarin.com), la prensa que apoya al Frente de Todos, y también la prensa de la izquierda radical.
Martín Mosquera: Según tu opinión, ¿cuál podría haber sido la estrategia alternativa?
Éric Toussaint: En varios medios de comunicación, expliqué qué medidas habrían debido tomarse desde el comienzo del nuevo gobierno, a fines de 2019 y comienzos de 2020. El FdT llegó al gobierno después de una campaña electoral en la que denunciaba el préstamo acordado por el FMI al gobierno de Mauricio Macri en 2018, que provocó una enorme fuga de capitales, subrayando el carácter ilegal de la aprobación del crédito ya que no había sido tratado en el Parlamento, etc. Incluso se iniciaron varios procesos para declarar ilegal la manera en cómo se había contraído la deuda. Existía, por lo tanto, una legitimidad derivada de la victoria electoral del nuevo gobierno que habría permitido no tener en cuenta la deuda contraída por Macri. Podrían haber dicho algo así: «Hay un cambio de gobierno, las obligaciones contraídas por el gobierno precedente tienen señales probatorias de ilegalidad. Se trata de una deuda ilegítima y odiosa y, además, el FMI es cómplice de la fuga de capitales ya que no preconizó el control sobre el movimiento de los fondos suministrados. El FMI no puede conceder un crédito de esa magnitud si hay dudas sobre la viabilidad de la deuda, porque está claro que lo que fue convenido con Macri no era viable, por lo que el Fondo no respetó sus propias reglas oficiales. En consecuencia, nosotros suspendemos el pago de la deuda y, como gobierno hemos instaurado una comisión de auditoría con la participación de la ciudadanía, presentando también este grave problema a los diferentes foros internacionales, a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y el Desarrollo (CNUCYD), también ante el G20, ante la Asamblea General de las Naciones Unidas y ante otras instancias, difundiendo esta cuestión para convencer a la opinión pública internacional y a los otros países.»
Lo que precede es, esencialmente, lo que podría haber declarado el gobierno de Alberto Fernández a fines de 2019, comienzos de 2020. Se habría creado una situación totalmente diferente, poniendo al FMI en dificultades frente a una decisión soberana y unilateral con argumentos basados en el derecho internacional.
El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional como una herramienta de intervención y de presión para profundizar el modelo neoliberal
Pero el gobierno eligió la vía de «las deudas serán reembolsadas y nosotros negociaremos», «nosotros pagaremos», «nosotros denunciamos lo que hizo Macri pero lo asumimos». Una estrategia totalmente errónea. Por supuesto, si hacemos un análisis de clase de lo que es el gobierno argentino, la decisión del gobierno tiene lógica. Porque el gran capital, que gracias al dinero del FMI invirtió en títulos de la deuda argentina, no quiere una suspensión de pagos y quiere mantener al FMI como una herramienta de intervención y de presión para profundizar el modelo neoliberal. Y eso es lo que interesa al gran capital argentino. Y como acabo de mostrar, otra estrategia era posible.
Además, hubo otra oportunidad perdida en el marco de la pandemia puesto que, independientemente de que la deuda fuese legítima o no, el gobierno podría haberse avanzado argumentando «un cambio fundamental de circunstancias» y «el estado de necesidad», situación reconocida en el derecho internacional que permite suspender el pago y utilizar los recursos liberados para responder a las necesidades de la población, y en este caso, hacer frente a la crisis sanitaria a la que el pueblo argentino se confrontó. Pero el gobierno dejó pasar esa oportunidad para suspender el pago de la deuda.
También el gobierno podría haber hecho otra cosa a fines de 2021 —y hablo en teoría porque está claro que el presidente Alberto Fernández tenía otra estrategia— podía haber dicho: «Nuestro ministro Guzmán hizo todo lo que pudo, de buena fe, para convencer al FMI de que hiciera algunas concesiones, pero el FMI no hizo tales concesiones, mientras que Argentina sí las hizo, por lo tanto debemos hacer un cambio de estrategia y endurecer nuestra posición». Pero eso tampoco se hizo.
Así que, este gobierno está preparando —ellos mismos— un nuevo ascenso de la derecha en las próximas elecciones y un fuerte aumento de la agitación social.
Martín Mosquera: ¿Qué piensas sobre la fuerza del movimiento de oposición al acuerdo con el FMI?
Éric Toussaint: Desde el punto de vista de la resistencia, en primer lugar, considero como muy positivo el refuerzo de la acción llevada a cabo por la coalición antideuda llamada «Autoconvocatoria por la suspensión del pago e investigación de la deuda». Es una amplia coalición de movimientos, y en segundo lugar, el hecho de que el Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad (FIT-U), que hace menos de un año rechazaba coordinar sus actividades con la Autoconvocatoria, comenzó a coordinarse sistemáticamente. Y ahora, el FIT-U tiene en cuenta las propuestas de los representantes de la autoconvocatoria. Diputados y diputadas del FIT como Miriam Bregman, Nicolás del Caño, Alejandro Vilca y demás representantes, llevan la lucha al Congreso, hablando de auditorías de la deuda, explicando qué es una deuda odiosa, pidiendo la suspensión inmediata del pago de la deuda, presentando propuestas. En otras palabras, ya no se contentan con denunciar la situación, sino abren el camino a acciones y alternativas. Y eso me parece una actitud muy positiva.
También es muy positivo que un sector significativo del Frente de Todos, en particular el sector de los movimientos sociales, se movilice contra el acuerdo con el FMI. Se vio muy claramente, en la calle, el 24 de marzo de 2022, en la conmemoración del aniversario del golpe militar de marzo de 1976. Más de 250.000 personas se movilizaron en Buenos Aires, de las que 100.000 estaban ligadas al sector kirchnerista, opuesto al acuerdo con el FMI.
Las grandes movilizaciones populares en Argentina constituyen un ejemplo alentador
Si bien el FIT-U tiene una presencia sindical importante, los grandes sindicatos siguen apoyando al gobierno. El gran desafío es, por lo tanto, implicarlos en las luchas o convencer a los sectores más grandes de la clase obrera de unirse a las movilizaciones. Otro reto concierne a los y las jóvenes y a los y las estudiantes que deben implicarse en la lucha. En general, el carácter popular de la gente que se moviliza es impresionante. Se trata, principalmente, de personas provenientes del movimiento piquetero, es decir, de los sectores más afectados y más humildes. También hay un sector sindical y el movimiento feminista es muy activo. Pero la presencia estudiantil es escasa. Así que es necesario ampliar el frente de resistencia. Sin embargo, en un escenario internacional extremadamente preocupante para la izquierda y para los movimientos sociales, creo, francamente, que Argentina es un ejemplo alentador donde puede haber una acumulación de fuerzas y obtener resultados positivos.
Estoy muy contento y honrado de haber podido participar en diferentes grandes manifestaciones, en el momento de los debates sobre el acuerdo con el FMI, en marzo de 2022. Lo describí en el artículo «Dos agitadas semanas en Argentina contra el acuerdo con el FMI» Dos agitadas semanas en Argentina, contra el acuerdo con el FMI (cadtm.org). Es importante constatar que las movilizaciones continuaron en abril, mayo y junio de 2022.
Martín Mosquera (Jacobinlat): Habrás constatado que en el debate local, la defensa del acuerdo está asociada a la idea de que una suspensión o un repudio de la deuda conduciría inevitablemente al caos, ya sea por la imposibilidad de acceder al mercado internacional, por la falta de capitales, por huelgas de inversiones, por la inflación, etc. Querría preguntarte qué piensas de estos argumentos, pero relacionándolos con otras dos preguntas. Por una parte, se subraya que esta deuda es con el FMI y no con acreedores privados, para diferenciarla del caso de la suspensión de pagos de Rafael Correa en 2008-2009, e incluso del primer «kirchnerismo», que mantuvo la suspensión de pagos de la deuda comercial hasta 2005. Por la otra parte, en una hipotética suspensión de pagos, ¿no sería necesario poner en marcha un conjunto de medidas globales para evitar los efectos indeseables, incluidas medidas como el control del comercio exterior?
Éric Toussaint: Sí, por supuesto. Lo he dicho en todos los medios, cuando me lo han preguntado. Durante una importante emisión de radio con la periodista prokirchenista Cynthia García (Entrevista a Eric Toussaint | RadioCut Argentina), afirmé que la suspensión de pagos permitiría el comienzo de una recuperación económica y la reconquista de la soberanía de la nación. Recordemos que la decisión del presidente Rodríguez Saá a fines de diciembre de 2001, bajo la presión de la calle, de suspender el pago de la deuda permitió la recuperación económica que comenzó en 2002 y prosiguió. Y eso fue antes de que aumentaran los precios de los productos de base exportados por Argentina, que comenzó durante el año 2003 y que le fue favorable.
La suspensión de pagos permite el comienzo de la recuperación económica y la reconquista de la soberanía de la nación
Argentina tuvo tasas de crecimiento elevadas hasta 2009, cuando la crisis internacional provocada por el desplome del sistema bancario en Estados Unidos, el afer Lehman Brothers en septiembre de 2008, la golpeó. La experiencia de este país muestra que una falta de pagos, incluso sin acceso a los mercados financieros, no conduce al caos ni a la catástrofe. Por el contrario, permite la recuperación económica. Además, seguir adelante con una reforma fiscal radical para aumentar la recaudación fiscal, con impuestos a los grandes exportadores de soja, impuestos también al gran capital, impuestos a la riqueza para el 1 % más rico, conjuntamente con una reducción radical del IVA sobre los productos de primera necesidad, para mejorar el nivel de vida de la población y una reducción del efecto inflacionista sobre los precios de base; con un control de precios, un control del comercio exterior y sobre el movimiento de capitales, así como otras medidas estructurales anticapitalistas (la socialización de los bancos, del sector energético, de las industrias farmacéuticas y otras). En otras palabras: considero que una suspensión de pagos o un repudio de las deudas ilegítimas debe ser parte de un plan global de medidas estructurales, con una dimensión anticapitalista clara.
Una suspensión de pagos o un repudio de las deudas ilegítimas deben formar parte de un plan global de medidas estructurales, con una dimensión anticapitalista clara
Martín Mosquera (Jacobinlat): Entre el momento en el que el acuerdo fue firmado y ahora, ha habido acontecimientos que han tenido y tienen un impacto mundial como la guerra de Ucrania, que crea problemas en la economía internacional y en la local, comenzando por el aumento de precio de los productos agrícolas y de la energía. ¿Cómo impacto estos cambios en la viabilidad del acuerdo? Porque está claro que la situación general ha cambiado.
Éric Toussaint: Sí, en principio, es otro argumento para no ratificar el acuerdo y declarar la suspensión de pagos. La opinión de que eso podría llevar a medidas tan fuertes como la exclusión de Argentina de las transacciones bancarias SWIFT es un argumento que no tiene ningún fundamento serio. Escuché a gente decir cosas como «nos excluirán de las transacciones SWIFT como a Rusia». Pero Rusia invadió un país, violó la Carta de las Naciones Unidas y declaró la guerra. Argentina, fundándose en argumentos del derecho internacional, suspendería el pago de una deuda con el FMI. Por favor, no hay comparación posible. Y, además, Estados Unidos y las potencias aliadas de Washington no tienen ningún interés en entrar en conflicto con Argentina, que es una aliada, que forma parte del G20, etc. De hecho, con la guerra, el FMI sufrirá, parte, una desestabilización como institución, por su contradicción interna, ya que Rusia es uno de sus miembros. Existen, también, tensiones entre China y Estados Unidos que repercuten en el seno del FMI. Todo eso constituye un momento favorable para los gobiernos de los países periféricos, que pueden aumentar su margen de maniobra. Eso pasó en los años 1930. La crisis del Norte facilitó la experiencia de Lázaro Cárdenas en México (1934-1940), de Getulio Vargas en Brasil (1930-1945) y del peronismo en Argentina (1946-1955), que llegó más tarde pero se preparó en ese marco político y económico.
Un momento favorable para los gobiernos de los países periféricos para aumentar su margen de maniobra
La creación del modelo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPALC), generó, en los años 1940 y 1950, una visión de un tipo diferente de modelo de desarrollo y también formó parte de ese marco favorable a esos gobiernos. Todo eso se produjo cuando algunos gobiernos del Sur comenzaron a aprovecharse de una situación de tensión internacional entre las grandes potencias para aumentar su margen de maniobra. Por otra parte, ¿cuáles serán las consecuencias de la crisis con respecto al acuerdo? Podemos imaginar que la crisis generará probablemente un incremento de dificultades para Argentina, complicando la realización de los objetivos convenidos con el FMI, lo que podría acarrear más conflictos sociales. Si el gobierno no toma medidas fuertes para proteger el poder de compra de las clases populares, la agitación social aumentará rápidamente. Y si bajo la presión del FMI, sigue sin tomar medidas enérgicas, el problema se volverá más grave. Es mi previsión.
Martín Mosquera: Finalmente, ¿cómo ves la situación abierta por el punto de inflexión que puede constituir la guerra en Ucrania? ¿Qué impactos piensas que esa guerra puede tener sobre la situación internacional? ¿Cómo ves la situación geopolítica y económica internacional después de la invasión rusa?
Éric Toussaint Es un cambio radical. Por supuesto, hemos tenido guerras en Europa a fines del siglo XX, por ejemplo, la de la ex Yugoslavia en los años 1990, pero no tuvieron la amplitud de la situación generada por la invasión de Ucrania. Hay un cambio fundamental en la situación internacional. Veremos si las negociaciones permiten un alto el fuego, una retirada de las tropas rusas y la no adhesión de Ucrania a la OTAN, pero, personalmente, tengo dudas sobre la viabilidad de esa solución —aunque, por supuesto, la retirada de las tropas rusas y la no adhesión de Ucrania a la OTAN sería una situación muy positiva. No tengo claro que eso sea posible de forma rápida. De todas maneras, los efectos ya dramáticos de la guerra serán duraderos, abriendo la vía a numerosos conflictos a resolver, algunos ligados a la deuda: Ucrania tiene una deuda de más de 15.000 millones de dólares con el FMI y debe 3.000 millones de dólares a Rusia, https://www.cadtm.org/Por-que-se-debe-anular-la-deuda-de-Ucrania. Ucrania está en suspensión de pagos con respecto a Rusia y denuncia la deuda que le reclama Putin, por ello hay un proceso en curso en Londres. Si no hay una solución diplomática a la guerra, las potencias occidentales podrían presionar sobre la justicia británica para que Ucrania pudiera salir victoriosa del litigio, como medio de presión a Rusia, lo que podría ser también importante en términos de jurisprudencia.
De todas maneras, la demanda de anulación de la deuda ucraniana con el FMI, que propician los movimientos sociales encontró un ambiente favorable, particularmente en Europa. También está la demanda de expropiación de los bienes de los oligarcas, pero creo que debería tener como objetivo también a los oligarcas ucranianos y no solamente a los rusos. Ese dinero, fruto de la expropiación, se devolvería al pueblo ucraniano mediante un fondo bajo control ciudadano y no bajo control gubernamental.
La evolución de la situación internacional es extremadamente preocupante y no va en buena dirección, pero, al mismo tiempo, la situación de guerra abre posibilidades y vías de salida que serán difícilmente controlables por el establishement. Por supuesto, preferiríamos que no hubiera guerra, pero el escenario no nos condena a apoyar las soluciones que las diferentes potencias quieren imponer. Por el lado occidental, debemos oponernos a las políticas del imperialismo estadounidense y de la Unión Europea, que aumenta sus gastos militares, debemos denunciar la OTAN y su expansión, exigiendo, por supuesto, la retirada inmediata de las tropas rusas y apoyando el derecho de Ucrania a la autodeterminación.
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