Traducido del inglés para Rebelión Juan-Francisco Silvente.
El Parlamento ucraniano aprobó recientemente la Ley de Medios de Comunicación, la cual fue refrendada por el presidente Zelensky. Dicha ley tiene como objetivo la destrucción completa de los medios de comunicación independientes y de la libertad de expresión en Ucrania.
Se trata de una valoración unánime de la Ley de Medios de Comunicación que no se limita a los pocos opositores políticos, activistas y periodistas que siguen formando parte de la oligarquía ucraniana. Incluso los abogados del principal departamento científico y de expertos perteneciente al propio parlamento han caracterizado la ley de la siguiente manera: «Los principios básicos de actuación en el ámbito de los medios de comunicación, a saber, la transparencia, la accesibilidad a la información, la libertad de difusión, la prohibición de la censura y la prevención de la aprobación previa de la información han sufrido cambios radicales…
Las disposiciones del proyecto contradicen la Constitución de Ucrania, no tienen en cuenta el estatuto jurídico del Tribunal Constitucional ucraniano, las obligaciones jurídicas internacionales de Ucrania ni la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos».
Bajo la nueva ley, el estamento regulador —el Consejo Nacional de Televisión y Radiodifusión—, dispone de innumerables circunstancias para influir en los medios, desde el análisis y el control de los contenidos hasta el cierre extrajudicial.
Así, por ejemplo, el Consejo Nacional creará unas listas de medios de comunicación prohibidos, confeccionará una «lista de personas» que «supongan una amenaza para el espacio mediático nacional ucraniano» y que no podrán aparecer en los medios de comunicación, enviará instrucciones de obligado cumplimiento a las entidades mediáticas y supervisará la posible publicación de cualquier «información prohibida».
Por otra parte, la lista de las supuestas «informaciones prohibidas» es bastante extensa y subjetiva, no se rige por unos criterios claros y, de hecho, está determinada por el propio Consejo Nacional. Asimismo, el Consejo Nacional estipulará lo que se ha de entender por «información inexacta», cuya difusión se considerará una violación grave de la ley, ante la cual se aplicarán las sanciones correspondientes.
Y todo ello queda justificado por la «necesidad de resistir a la agresión rusa», pero la ley no comprende ninguna fecha límite; estará en vigor durante y después de la guerra.
Los infractores de las prohibiciones se enfrentan a multas, la revocación de sus licencias, cancelaciones de registro y el bloqueo temporal (durante catorce días) o definitivo de su labor.
Los medios de comunicación digitales que no estén registrados oficialmente como medios de comunicación de masas se verán amenazados por unas sanciones particularmente duras —bloqueo extrajudicial—. Serán bloqueados por infracciones leves (tres veces al mes) o por dos infracciones graves.
Más allá de su denominación, el Consejo Nacional de Televisión y Radiodifusión ahora regulará también las actividades de los medios impresos e incluso de los medios que operan en internet, incluidos los cines online o las plataformas con contenido generado por los usuarios, como los canales de YouTube.
Además, al forzar el registro obligatorio de los medios digitales, el regulador se ve liberado de tal obligación. Es decir, puede registrar o no una publicación digital como medio de comunicación de masas. Esta decisión quedará en manos de los funcionarios.
Ahora, el Consejo Nacional está autorizado a bloquear sin juicio previo sitios web que no estén registrados como medios de comunicación de masas, y mediante mandamiento judicial a los que sí estén registrados bajo tal epígrafe. Considerando que el poder judicial en Ucrania, por medio de la actuación de las autoridades, queda casi por completo bajo el control de la Oficina del Presidente, es improbable que los tribunales lleguen a rechazar alguna solicitud de bloqueo, en la mayoría de los casos.
Los proveedores de servicios de comunicación electrónica disponen de tres días para bloquear el acceso a los medios de comunicación tras recibir el mensaje del regulador. Si un medio oficial queda bloqueado (y se debe a una amenaza por cuatro infracciones graves en un mes), podrá solicitar un nuevo registro transcurrido un año.
Es importante destacar que el Consejo Nacional no es en absoluto un regulador independiente. Se compone de tan solo ocho funcionarios, de los cuales la mitad es elegida directamente por el presidente y la otra mitad por el Parlamento, donde la mayoría son diputados del partido presidencial Servidor del Pueblo. No hay representantes de los medios de comunicación, periodistas o activistas públicos en el Consejo Nacional.
Y para que estos funcionarios cumplan sus obligaciones censorias con gran celo, cobran salarios elevados. El salario de un miembro del Consejo Nacional equivale a setenta y cinco veces el salario mínimo (el presidente del Consejo Nacional y el vicepresidente cobran todavía más). Todo ello, sin contar las bonificaciones, que, según la nueva ley, pueden alcanzar el 30% del salario. Es decir, en el país más pobre de Europa, los funcionarios del Consejo Nacional percibirán unos importes a cuenta de los presupuestos del Estado que superan en casi cien veces (¡!) los ingresos de millones de personas cuyas pensiones, beneficios sociales y salarios equivalen al nivel de subsistencia.
En diversas fases de su adopción, la Ley de Medios de Comunicación fue duramente criticada por centenares de periodistas ucranianos y la Unión Nacional de Periodistas de Ucrania, el Sindicato de los Medios de Comunicación Independientes de Ucrania, los activistas ucranianos e internacionales pro derechos humanos, la Comisión para la Protección de los Periodistas (Nueva York), el Representante de la OSCE para la Libertad de los Medios de Comunicación, la Federación Europea de Periodistas, expertos del Consejo de Europa y la Asociación pro Internet de Ucrania.
En particular, la Federación Europea de Periodistas calificó este documento de «digno de los peores regímenes autoritarios», y la Unión Nacional de Periodistas de Ucrania cree que «la ley no procura la reglamentación de la esfera mediática, sino el establecimiento de relaciones de subordinación, mediante el sometimiento de los medios al control de las autoridades».
¿Por qué quiere el Gobierno someter completamente a los medios de comunicación? Por la misma razón que ha motivado a los dictadores de todo el mundo y en todas las épocas: para que la sociedad sepa lo menos posible sobre el descomunal grado de corrupción del poder y el robo de la ayuda internacional, el cierre de los medios de comunicación independientes, la represión contra la oposición, los privilegios de los oligarcas y la pobreza de la mayoría de los ciudadanos.
La ley de los medios aprobada por el actual Gobierno ucraniano es una ley en contra de los medios, en contra de la libertad de expresión y en contra de la verdad. Debe ser derogada, y llamamos a luchar por la abolición de esta ley a todas aquellas personas para quienes el derecho a la propia opinión y a expresarla en libertad es realmente importante.
Maxim Goldarb es presidente de la Unión de Fuerzas de Izquierda de Ucrania – «Por el Nuevo Socialismo».
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