Por: Analisis Critico
POR JORGE ELBAUM
CRIMEN Y CASTIGO
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| Imagen: Crimen y castigo |
Durante la última semana, tres abogados defensores que monitorean la causa del endeudamiento externo, que tramita la jueza María Eugenia Capuchetti, visitaron el tercer piso de Comodoro Py para relevar aspectos ligados a la querella civil que acompaña la denuncia penal. Según operadores judiciales presentes, los abogados se mostraron impacientes por indagar sobre las posibles alternativas procesales derivadas de la responsabilidad patrimonial que podría caberle a sus defendidos.
Según el Código Procesal Penal Federal (CPPF), la querella –en este caso ejercida por la Procuración del Tesoro– cuenta con tres días, luego de concluida la instrucción (siempre que los imputados sean procesados) para concretar y validar el planteo civil. Ese escenario permitiría que los cinco acusados se vean compelidos, de ser condenados, a sufragar de su propio pecunio el daño ejercido contra la sociedad y el Estado. Esa situación, conjeturan en la vecindad de Comodoro Py, conduciría a una situación similar a la que atraviesa la famiglia Macri en relación a la causa del Correo: para evitar la quiebra los representantes del ex Presidente ofrecieron migajas (una quinta parte de lo calculado por los síndicos), monto que fue rechazado por la magistrada Marta Cirulli, titular del Juzgado Nacional en lo Comercial 6, antes de decretar la quiebra.
El potencial proceso civil no supone la devolución de los 44.000 millones de dólares que les dejaron como deuda a los argentinos. Sólo conjetura una sanción monetaria coherente con el daño producido, relacionado con recursos económicos acumulados por los (potencialmente) condenados. Esa hipotética situación –ansiada para quienes buscan interrumpir la persistente impunidad con que se mueven los grupos concentrados– conllevaría una consecuencia importante: el relevamiento de las cuentas de los cinco imputados en las respectivas guaridas fiscales donde habitualmente ocultan sus fortunas.
El Estado Nacional, a través de la Procuración del Tesoro dirigida por Carlos Zannini, fue aceptado como querellante en marzo de 2021, luego de que se formalizara la denuncia presentada por la Oficina Anticorrupción (OA) a cargo de Félix Crous. Además de la causa penal se superpone una de índole civil, concatenada con la primera. Si la instancia penal prospera se viabilizará la posibilidad de que se tramiten lo pedidos de indemnización que devienen de la defraudación y el fraude.
Los imputados en el expediente son el ex Presidente, Nicolás Dujovne y los tres ex titulares del Banco Central: Luis Andrés Caputo, Federico Sturzenegger y Guido Sandleris. Los delitos previstos por las maniobras efectuadas son:
(a) incumplimiento de los deberes de funcionario público,
(b) malversación de caudales públicos, y
(c) defraudación por administración indebida de los recursos públicos.
El potencial desarrollo de la causa civil supone una gran esperanza para quienes han sido víctimas, durante décadas, del modus operandi utilizado por los grupos concentrados para vaciar –en forma periódica– las arcas públicas, con el objetivo de saldar sus deudas con el Estado, eludir al fisco, apropiarse de una tajada más amplia de la riqueza social acumulada y/o proteger sus activos de las crisis que ellos mismos solían generar.
El artículo 9 de la ley de responsabilidad del Estado estipula las obligaciones que deben asumirse en el caso de que se produzcan daños generados por una decisión tomada desde un ámbito gubernamental. Habitualmente los damnificados nunca plantean demandas civiles contra los funcionarios sino contra el Estado. Sin embargo, en esta ocasión, ante la evidencia de uno de los más graves delitos económicos obrados contra la sociedad en su conjunto, la Procuración se constituyó como querellante ante el fuero civil, pretensión que fue aceptada por la jueza Capuchetti. Las condenas estipuladas en relación a los tres delitos consignados suponen condenas que varían de los seis meses a los de seis años de prisión. En el fuero civil, además, las sanciones son de tipo indemnizatorias y pecuniarias, que se abonan –en caso de condena– con los activos de las personas sancionadas.
Los dedos marcados
La oposición insiste en un discurso republicano basado en la reivindicación de la institucionalidad, el respeto irrestricto por las normas y la división de poderes. Esta demanda muy repetida en las tertulias televisivas guionadas en los estudios adscriptos a la trifecta mediática no suele ser acompañada con el ejemplo. En el caso del acuerdo con el FMI, Mauricio Macri no dejó ninguna norma sin violar para conseguir el salvataje electoral (fallido) promovido por el Departamento de Estado. En 2020, luego de su derrota, el entonces representante de Washington ante el FMI, el republicano Mauricio Claver-Carone, admitió en una videoconferencia organizada por el Consejo Chileno para las Relaciones Internacionales (CCRI) que aprobó el crédito de 2018 “por orden de Trump, para ayudar a Macri y evitar que el peronismo regresara a la Casa Rosada”.
La alianza entre los funcionarios de Estados Unidos y el macrismo –que por sí misma debiera implicar una condena por conspiración contra los intereses nacionales– habilitó el decálogo delictivo que rodeó el procedimiento para la adquisición del préstamo:
No se respetó la prerrogativa que poseía el Congreso de la Nación para suscribir un crédito con un organismo multilateral en el marco del artículo 76 de la Constitución Nacional. Dicha autorización debía estar contemplada en la Ley de Presupuesto del año respectivo o, en su defecto, en una ley específica. No se acató ninguna de las dos opciones: el acuerdo con el FMI no figuró ni en el presupuesto ni en una ley específica.
Según los defensores del ex Presidente, existía una delegación en el Poder Ejecutivo para poder tramitar el préstamo. Sin embargo, la cláusula provisoria –incorporada por la reforma constitucional de 1994– que permitía esa delegación había sido prorrogada por última vez en agosto de 2010. De haber estado vigente, además, sólo podría haberlo firmado el titular del Poder Ejecutivo Nacional –es decir el Presidente–. Macri no cumplió con esta significativa disposición. Omitió rubricar el acuerdo a sabiendas del fraude que cometía.
El entonces ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne y el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, fueron los encargados de firmar las “Cartas de Intención” con fechas del 12 y el 18 de junio de 2018, aunque ninguno de los dos contaba con la autorización para certificarlas. Eso mismo sucedió el 18 de octubre de 2018, cuando la extensión del convenio fue rubricada nuevamente por Dujovne y por Guido Sandleris, sin que el jefe de Gabinete, Marcos Peña y el Presidente de la Nación habilitaran de forma documentada su rúbrica.
No se confeccionó en tiempo y forma el expediente administrativo reglamentario, destinado a legitimar las actuaciones relativas al acuerdo stand-by acordado el 12 de junio de 2018. La formalización del acto administrativo inicial se realizó el 21 de junio, nueve días después de firmado el acuerdo.
No existió el dictamen jurídico exigido por la norma: la Carta de Intención, el Memorándum de Entendimiento de Política Económica y Financiera y el Memorándum de Entendimiento Técnico (por los que la República Argentina solicitara el crédito más oneroso de la historia del FMI) fueron suscriptos sin evaluarse las consecuencias financieras, políticas y jurídicas que derivaban de las mismas.
Se incumplió el requisito estipulado en el artículo 60 de la ley Administración Financiera que limitaba la formalización de cualquier crédito público a que se estipulara (a) el monto máximo autorizado para la operación, (b) el plazo mínimo de amortización y (c) el destino del financiamiento.
Se violó la norma que le exige al Jefe de Gabinete la autorización para iniciar las negociaciones con el organismo multilateral y el posterior dictamen del área de hacienda (artículo 59 del decreto 1344/2007, reglamentario de la Ley de Administración Financiera).
Se transgredió el artículo 56 de la Ley Permanente de Presupuestas (672) que habilita los créditos siempre y cuando se orienten a “realizar inversiones fundamentales para el desarrollo económico del país”. Saciar a los especuladores financieros no puede ser interpretado como justificativo para endeudar de forma monstruosa a un Estado y a una sociedad.
Se vulneraron los requisitos estipulados en el artículo 61 de la ley 24.156 de Administración Financiera, referido a la necesidad de contar con un informe previo a la formalización del acuerdo que debía elevar el Banco Central. En ese documento se debía prever el impacto de la operación en la balanza de pagos y la sustentabilidad del endeudamiento en relación a la capacidad de repago del país.
Se infringieron los compromisos asumidos con el FMI, en los que se estipulaban explícitamente dos objetivos a ser cumplidos por el Estado: (a) el de “disminuir las tensiones en la balanza de pago” y (b) el de incrementar las reservas internacionales para evitar un golpe de mercado.
Una para el lado de la justicia
En el documento titulado Memorándum de políticas Económicas y Financieras del 12 de junio de 2018, Dujovne y Caputo se comprometían a “limitar la venta de reservas internacionales durante los periodos en que haya una clara disfunción del mercado”, asegurando que se viabilizarían “ventas de divisas muy limitadas” para enfrentar las presiones. En el mismo lapso que Dujovne aseguraba que no iba a liquidar las divisas, autorizó al Banco Central a liquidar 100 millones diarios, a partir del 25 de junio, y entre 150 y 75 millones a partir del 10 de agosto de ese mismo año 2018.
En los dos meses posteriores a la aprobación del acuerdo se esfumaron 3.275 millones, casi el 44% de los 7.500 millones que había transferido el FMI desde junio. El crédito cedido –según los propios informes del FMI– no fue utilizado para aquello que se solicitó. Fue destinado a beneficiar la rentabilidad del capital financiero especulativo mediante un circuito (rulo) asegurado por las ingentes tasas de interés ofrecidas por las Letras del Banco Central (LEBACs), reconvertibles, gracias al macrismo, en divisas.
A pesar de que los técnicos fondomonetaristas cuestionaran la persistente fuga de divisas, se giraron otros 15.000 millones. Durante 2018 un grupo minoritario de mil agentes embolsó 24.679 millones de dólares. A fines de 2018 la deuda bruta implicaba un 86,4% del PBI, cuando tres años antes, en 2015, suponía un 52,6%. El monto de los compromisos que adeudan hoy los argentinos fue birlado entre 2018 y 2019 por el mismo sector que hoy comanda a control remoto a la oposición. Esta operatoria, organizada y viabilizada por los funcionarios macristas, se inscribe en el delito de defraudación en perjuicio de la administración pública, tal como se deduce de lo expuesto en el informe del Banco Central titulado Mercado de cambios, deuda y formación de activos externos 2025-2029.
En agosto de 2004 los abogados de Emilio Eduardo Massera debieron resarcir económicamente a una víctima de la dictadura militar, Daniel Tarnopolsky, por la desaparición de su familia. La resolución judicial se fundamentó, entre otras razones, en las responsabilidades gubernamentales –de facto– que había ejercido. Quienes siguieron en forma periodística el juicio civil que devino en la indemnización pagada por Massera recuerdan que la condena dictaminada por el juez Oscar Garzón en 1994, confirmada por la Corte Suprema diez años después, supuso para el ex marino un ultraje similar o superior a la condena a prisión perpetua recibida años antes.
Ante la resistencia para indemnizar a quien había perdido a toda la familia en el centro de tortura y exterminio de la ESMA, la Justicia decidió el remate de todas sus posesiones, entre ellas su propia vivienda. Tres semanas antes de que sea ejecutada su residencia familiar para financiar la compensación económica, el abogado del Almirante Cero depositó el monto estipulado por el juez. Mientras se desarrolló el juicio civil, Massera sufrió un derrame cerebral que no lo incapacitó para enterarse de que Tarnopolsky había donado el total de la compensación a las Abuelas de Plaza de Mayo.
El delito de Mauricio Macri y sus colaboradores supone un crimen contra la sociedad en su conjunto. Si llegaran a prosperar las causas penales y civiles algún abogado podrá repetir la frase pronunciada en el despacho del magistrado Garzón cuando se conoció el dictamen de condena a Massera: “Al fin una para el lado de la Justicia”.
