La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha ordenado a la juez que investiga el caso PDVSA que inicie los trámites para solicitar el embargo de 40 millones de euros pertenecientes al exviceministro venezolano Nervis Villalobos.
Los fondos estarían en una cuenta bancaria de Luxemburgo.
Así consta en un auto, fechado el pasado 30 de enero y al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL. En la resolución, la Sección Cuarta de la Sala da la razón a la Fiscalía y obliga a la magistrada María Tardón, titular del Juzgado Central de Instrucción 3 de la Audiencia Nacional, a emitir una Orden Europea de Investigación (OEI) dirigida a las autoridades de ese país.
El caso PDVSA, en el que se investiga la supuesta apropiación de fondos de la empresa Pública Petróleos de Venezuela SA, consta de cuatro piezas. La propia compañía petrolera presentó una querella "para la investigación de la presunta connivencia de empresarios venezolanos con funcionarios de la propia entidad pública para la comisión, entre otros, de los delitos de blanqueo de capitales, corrupción y estafa", recuerda la Sala en su auto. Esta querella no se dirigió en ningún momento contra Villalobos, quien fue viceministro de Energía Eléctrica cuando Hugo Chávez presidía Venezuela
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No obstante, el Ministerio Fiscalía presentó una denuncia en 2017, por unos hechos diferentes a los recogidos en aquella querella, que provocaron la apertura de una segunda pieza del caso PDVSA. En ella, sí estuvo imputado Nervis Villalobos, pero fue archivada en septiembre de 2022. El sobreseimiento fue confirmado el pasado noviembre.
Y existe, no obstante, una tercera pieza en la que el exviceministro chavista sí figura como investigado. Es por ello que, en su auto, la Sala obliga a la juez Tardón a acceder a lo solicitado por la Fiscalía.
En un primer momento, la magistrada se opuso, ya que "los hechos que dieron lugar a la presentación de la querella por parte de la mercantil venezolana [PDVSA] no se dirigía frente al señor Villalobos, y los hechos que dieron lugar a la denuncia de Fiscalía
contra el citado, agrupados en la pieza segunda, fue archivada".
Sin embargo, tal y como razonan los jueces Teresa Palacios, Carmen Paloma González y Fermin Echarri "se deduce que [Nervis Villalobos] ostenta la condición de investigado
en la pieza tercera". Por lo que optan por ordenar a la juez que solicite el bloqueo de esos 40 millones de cara a asegurar las posibles responsabilidades civiles que puedan derivarse de este procedimiento.
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Así lo manifestó Aguilera el pasado día 6 de octubre, cuando fue citado como testigo —compareció por videoconferencia porque aún reside en su país— por el Juzgado de Instrucción número 29 de Madrid.
El vídeo de su interrogatorio forma parte del sumario del caso, al que EL ESPAÑOL ha tenido acceso. En esta causa se investiga a la red que, presuntamente, extorsionó a ex altos cargos del chavismo, a los que habría ofrecido protección en España a cambio de dinero y de datos sobre la corrupción en Venezuela o sobre la supuesta financiación irregular de Podemos.
El caso Caranjuez se inició con las denuncias de Aguilera y de otro expolítico chavista, el antiguo viceministro de Energía Javier Ochoa Alvarado. A preguntas del abogado de este último, el que fuera jefe de los servicios secretos de Venezuela manifestó que Avi —el sobrenombre del exmilitar israelí Alberto Galán, investigado en la causa— le solicitó "si podía conseguir información sobre Podemos".
Según lo que manifestó ante la juez, Aguilera les respondió que, al haber abandonado el Gobierno de Hugo Chávez en 2002, cuando el partido aún no había sido creado, no tenía datos al respecto.
Continuará. ..
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