El gobierno nacional y los alcaldes de las principales ciudades ofrecieron pagar dinero a cambio de la entrega de pistolas y fusiles, en medio de una "campaña de desarme" nacional.
"La ruta a seguir considera una campaña de desarme, encabezada por el presidente de la República y los alcaldes, mediante una estrategia conjunta que contemple la posibilidad de hacer ofertas de pago por las armas", indicó el Ministerio del Interior. El anuncio se dio al término de un concejo de seguridad con funcionarios del gobierno, altos mandos militares y los alcaldes de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Cartagena.
Desde la sede presidencial, el ministro del Interior, Alfonso Prada, indicó que el objetivo de la campaña es "combatir el delito callejero y el crimen organizado en los centros urbanos". Para ese propósito se cobijará bajo la denominada ley de "paz total", aprobada en noviembre por el Congreso de mayoría oficialista.
Con ella el presidente Gustavo Petro pretende desarticular bandas criminales. También negociar la paz con guerrillas, narcotraficantes y grupos de origen paramilitar con miras a desactivar el conflicto armado de más de medio siglo. El presidente de Colombia propuso que se dejen de emitir permisos especiales de porte de armas, aunque la iniciativa todavía no es un hecho. Según la organización Small Arm Survey, en 2017 había 4,9 millones de armas de fuego en manos de civiles en Colombia. Unas 4,2 millones serían ilegales, en el país de 50 millones de habitantes.
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