El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció este miércoles que unos 100.000 jóvenes de las zonas más pobres y excluidas del país serán designados como "gestores de paz", dentro del programa que fue denominado "Jóvenes en Paz".
Petro explicó que el propósito del programa, que esperan poner en marcha en 2023, es "hacer un proceso de paz con la juventud popular". Es decir, por primera vez, el Gobierno busca hacer partícipe a los jóvenes en el proceso de reconciliación nacional.
"Se habla de procesos de paz con los grupos (armados), pero resulta que es que hay que hacerlos con partes de la sociedad colombiana fundamentales", enfatizó.
La Presidencia de Colombia indicó en un mensaje en su cuenta en Twitter que el programa "Jóvenes en Paz" brindará a estos colombianos "la oportunidad de ser agentes de transformación, construyendo un nuevo pacto social en defensa de la vida y la paz en los territorios".
El mandatario añadió que, además, el objetivo es "quitarles la juventud a las organizaciones multicrimen", lo que significa, según el mandatario, "un camino indudable y serio hacia la paz".
"Le quitamos la juventud a la mafia, que es un objetivo de paz, porque si se logra, buena parte de la violencia en Colombia cede", indicó.
La figura de gestor o vocero de paz ya existía en Colombia y fue usada por varios gobiernos en el pasado para designar y liberar a miembros de las guerrillas presos, como modo de acercamiento a los grupos armados.
Ligado a la educación
Durante el evento, Petro recalcó que el programa está ligado a la educación, primeramente, y detalló que estos jóvenes recibirán un pago de un millón de pesos (alrededor de 210 dólares) mensuales.
Se trata de "un ingreso que permita vivir con cierta dignidad; es decir, que en estas zonas (excluidas) permita competir al salario que entrega la organización multicrimen y que, a cambio como contraprestación, pueda haber estudio", destacó el mandatario.
Reconoció que el costo es alto. "Solo calcúlenlo: si hablamos de un millón mensual son 12 millones (poco más de 2.500 dólares) al año" por cada joven. Más de 250 millones de dólares por los 100.000 jóvenes incluidos anualmente.
Polémica
El anuncio de este miércoles no está exento de polémica. La semana pasada el mandatario aseveró que para antes de Navidad "centenares de jóvenes detenidos por participar en protestas" serían declarados como gestores de paz.
Asimismo, mediante el Decreto 2422 del 9 de diciembre, se creó una comisión multisectorial, conformada por varios ministros, que deberá recomendar cuáles personas privadas de libertad, pertenecientes a a organizaciones sociales y humanitarias, podrían salir como voceros de paz.
La medida contemplaría a 230 jóvenes de la llamada 'primera línea' o vanguardia, que fueron aprehendidos y procesados durante el 'estallido social' de 2021.
Ante las críticas, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, se refirió a lo que establece la Ley 2272 de 2022, recientemente aprobada por el Congreso. La normativa dice expresamente: "Se admitirán como voceros a quienes actúan como integrantes de organizaciones sociales y humanitarias a quienes el Presidente de la República considere puedan aportar al proceso de paz, a la conflictividad social, y se encuentren en privación de libertad".
Osuna aclara que "no es indulto ni amnistía". En esa línea, explicó que "los voceros quedarán en libertad transitoriamente con el propósito de que cumplan con las tareas de paz o reconciliación que se les encomienden, y seguirán vinculados a los procesos penales".
Recordó que "la medida ha sido útil en procesos de paz anteriores".
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