Economista Francisco Rodríguez: "Ley Bolívar" no es más que un "acto simbólico"

Por: Banca y Negocios

Francisco Rodríguez, economista

Francisco Rodríguez, economista

Credito: El economista Francisco Rodríguez bajó la temperatura en el debate sobre la aprobación, por parte del Senado estadounidense, de la polémica Ley «Bolívar», al señalar que el efecto de esta norma será «simbólico» para la economía venezolana.

«La ley impide al gobierno de EEUU contratar con empresas que contratan con el gobierno de Maduro, pero ya las sanciones existentes prohibían estas transacciones», señala el economista y consultor. En consecuencia, la iniciativa senatorial no cambia la situación actual, ni afecta el restablecimiento de las operaciones de Chevron en el país.

«Hace más de tres años, la Orden Ejecutiva 13.884 de Agosto de 2019 prohibió a empresas de EEUU hacer negocios con el gobierno de Maduro. Desde enero 2019 existía esta prohibición para PDVSA. Es ilegal para una empresa de EEUU contratar con Maduro sin una licencia de OFAC», señala el experto.

Y aclara: «La «Ley BOLIVAR» no aplica a las empresas que hagan transacciones con el gobierno de Maduro bajo una licencia de la OFAC (como Chevron). Lo que impide es a Estados Unidos contratar a empresas estadounidenses que en este momento están violando sanciones».

Para Rodríguez, esta norma –ya rechazada oficialmente por el Gobierno venezolano– busca tener un efecto más político que práctico, ya que se trata de un pronunciamiento de sectores que están a favor mantener las sanciones contra la administración de Nicolás Maduro, en momentos cuando el ejecutivo de Joe Biden abre espacios para la distensión.

«En teoría, es posible que haya empresas no estadounidenses (e.g., europeas) que tengan contratos con Maduro y también sean contratistas de EEUU. Esto es porque las sanciones no aplican directamente a estas empresas. EEUU carece de jurisdicción para regular sus transacciones».

Sin embargo, «en la práctica esto es altamente improbable. El gobierno estadounidense tiene una alta preferencia por contratar empresas de su país, y la amenaza de las llamadas sanciones secundarias hace que pocas empresas europeas quieran hacer negocios con Maduro», asevera Rodríguez en un hilo de Twitter.

«De hecho, en su informe sobre la ley, la Oficina del Presupuesto del Congreso escribe que ´no está al tanto de ningún contrato que agencias ejecutivas tengan con entidades asociadas con el gobierno de Maduro´.», subraya.