El Gobierno venezolano y la oposición representada por la Plataforma Unitaria reanudaron este sábado en México su proceso de diálogo, suspendido hace más de un año. La nueva ronda de negociación se celebra en la capital mexicana con la mediación de Noruega.
La delegación del Gobierno venezolano anunció que ambas partes acordaron firmar el segundo acuerdo parcial para la protección del pueblo venezolano, ya que crea "un mecanismo práctico, dirigido a abordar necesidades sociales vitales y atender problemas de servicios públicos, con base en la recuperación de recursos legítimos, propiedad del Estado venezolano, que hoy se encuentran bloqueados en el sistema financiero internacional".
"Hito histórico"
El facilitador del diálogo por parte de Noruega, Dag Nylander, calificó como un "hito histórico" los "esfuerzos de diálogo por el bien de todos los venezolanos y todas las venezolanas".
"No solamente marcamos la reanudación de la mesa de diálogo y negociación entre el Gobierno bolivariano de Venezuela y la Plataforma Unitaria de Venezuela, también celebraremos la suscripción de un acuerdo parcial que impulsará importantes avances para la protección social del pueblo venezolano", expresó.
Leyendo el texto del acuerdo, el representante noruego adelantó que las partes podrán acordar también otros proyectos no incluidos en el documento o sus anexos "con el acompañamiento de la comunidad internacional".
También se creará un fondo de protección social para el pueblo venezolano con apoyo y lineamientos de la ONU, agregó Nylander. "Se acuerda solicitar a la Organización de las Naciones Unidas apoyo en la implementación del marco programático de las medidas del segundo acuerdo parcial en materia social, incluido el diseño, establecimiento e implementación de un fondo fiduciario único", estipula el documento.
La delegación del Gobierno de Nicolás Maduro, encabezada por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, está compuesta por el viceministro William Carrillo; el ministro del Trabajo, Francisco Torrealba; la ministra para la Mujer, Diva Guzmán; el abogado Larry Devoe; el diputado Nicolás Ernesto Maduro; la esposa del diplomático venezolano Alex Saab, Camilla Fabri y la diputada Génesis Garvett.
"Todos estamos interesados en la paz, en dirimir nuestros asuntos en paz, en el diálogo, en el marco de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y en la prosperidad", dijo la víspera Rodríguez.
Por su parte, la agrupación opositora declaró en un comunicado su "disposición de trabajar en conjunto, con el fin de lograr acuerdos que permitan materializar los mecanismos que aseguren el bienestar de todos los venezolanos".
Temas a tratar
El pasado jueves, Rodríguez adelantó que el objetivo de esta ronda es la firma del "Segundo Acuerdo Parcial para la Protección del Pueblo Venezolano", que contempla la recuperación de los "recursos legítimos" del país que se encuentran bloqueados en el sistema financiero internacional.
Para el Gobierno de Maduro, la recuperación de estos recursos es un asunto fundamental a fin de cubrir las necesidades sociales e implementar acciones para atender los problemas públicos de Venezuela, en particular en las áreas de salud, educación, electricidad, programas de apoyo alimentario y de socorro ante la emergencia climática por lluvias torrenciales.
Por todo ello, en el centro de atención de la Mesa de Diálogo Nacional se ubican las necesidades sociales de la nación suramericana.
La última ronda de diálogos entre el Gobierno y la oposición arrancó en México en agosto de 2021, también con la mediación de Noruega.
Durante la primera ronda, las partes firmaron un memorando de entendimiento para reafirmar su disposición al diálogo. Sin embargo, transcurridos poco menos de dos meses las conversaciones quedaron suspendidas a raíz de la extradición de Alex Saab de Cabo Verde a EE.UU.
Para la reanudación del diálogo que estaba en curso en México, el Gobierno venezolano exigió "la inmediata liberación" de Saab, acreditado como representante diplomático de Caracas ante la Unión Africana.
Desde 2020, Saab estuvo bajo arresto domiciliario en Cabo Verde, donde fue apresado durante una parada técnica, pese a su condición de diplomático y enviado especial de Venezuela. Había sido sancionado por el Departamento del Tesoro de EE.UU. en julio de 2019, acusado de, supuestamente, tener "contratos sobrevalorados" para la construcción de viviendas de interés social en Venezuela, y de permitir que Nicolás Maduro se "beneficiara significativamente" de la importación y distribución de alimentos, a través de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).
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