Las tres personas más ricas de España –Amancio Ortega, su hija Sandra y Rafael del Pino– tienen el mismo patrimonio que catorce millones de españoles. Entre 2020 y 2021, cada multimillonario vio crecer su riqueza en 565.000 euros al día
La desigualdad y la polarización de la sociedad son extremadamente perjudiciales para el progreso. Hasta el Fondo Monetario Internacional ha calificado la desigualdad como uno de los principales riesgos mundiales. A pesar de esto, en nuestra sociedad la desigualdad sigue creciendo. Según se puede apreciar en la Encuesta Financiera de las Familias publicada ese año por el Banco de España, el 10% de la población más rica de nuestro país acumula el 53,9% de la riqueza española.
La crisis económica derivada de la pandemia no solo ha golpeado a las personas más vulnerables. Los ricos también vieron reducida parte de su patrimonio en 2020. Las cinco fortunas más grandes de España perdieron en conjunto más de 5.400 millones de euros entre 2019 y 2020. No obstante, existe una gran diferencia en cómo han afrontado la recuperación las personas más ricas y la gran mayoría social. Mientras que gran parte de la sociedad aún no ha recuperado el nivel de las condiciones materiales del año 2019, los ricos no solo lo han recuperado, sino que lo han mejorado sobradamente.
Aunque las quince personas más ricas redujeron su riqueza acumulada entre 2019 y 2020, para 2021 ya habían recuperado mucho más de lo perdido. Entre 2019 y 2021, su patrimonio aumentó un 7,6%, y desde 2020 a 2021, un 14,7%. Mientras tanto, en el periodo 2020-2021, el porcentaje de personas en riesgo de pobreza aumentó un 3%, y la riqueza de las quince personas más ricas de España creció un 17%, 13.100 millones de euros.
En 2021, las grandes fortunas españolas han llegado a acumular 153.575 millones de euros, casi el 12% del PIB español. Entre 2020 y 2021, cada multimillonario español vio crecer su riqueza en 565.000 euros al día. O, dicho con otras palabras, cada multimillonario ha incrementado diariamente su riqueza en la misma cantidad que ganaría una persona que cobra el SMI durante cuarenta años.
La persona más rica de España, Amancio Ortega, ha incrementado su riqueza en 10.000 millones de euros, según Forbes, pasando de los 57.000 millones de euros que poseía en 2020 a 67.000 millones de euros en 2021. El incremento en la fortuna de Sandra Ortega, hija de Amancio Ortega y segunda persona más rica de España, fue de un 12,5% entre 2020 y 2021; y la de Rafael del Pino Calvo-Sotelo, presidente de Ferrovial, mejoró un 18,75%. Estas tres personas, las tres más ricas de España, acumulan la misma riqueza que catorce millones de españoles. Tres personas, catorce millones.
Un poco de contexto
Decía José Luis Sampedro que hay dos tipos de economistas: los que trabajan para hacer más ricos a los ricos y los que trabajamos para hacer menos pobres a los pobres. Sin embargo, y aunque durante las últimas décadas gran parte de la atención se ha centrado exclusivamente en estudiar y tratar de aminorar la pobreza extrema, esta es solo una fracción de la ecuación de la desigualdad. Y no deberíamos, como sociedad, obviar la otra parte de la ecuación: la concentración de la riqueza extrema.
Desde finales de los años setenta, y, sobre todo, a partir de los años ochenta, el neoliberalismo se alza como el nuevo dogma indiscutible de la economía mundial. Esta ideología ha ido sentando las bases para la expansión de un discurso de odio, juicio y rechazo al pobre, estigmatizando y culpabilizando a las personas por su situación socioeconómica al entender que solamente ellas son responsables de su destino. No obstante, deberíamos preguntarnos de dónde sale la ingente riqueza de las grandes fortunas. El propio Adam Smith, uno de los mayores exponentes de la economía clásica, escribió en La riqueza de las naciones (1776) que “allí donde existen grandes patrimonios, hay también una gran desigualdad. Por un individuo muy rico ha de haber quinientos pobres, y la opulencia de pocos supone la indigencia de muchos”.
Independientemente de los efectos positivos que para Smith la riqueza de una persona pudiera tener sobre el total de la ciudadanía, lo que queda claro es que, a la hora de estudiar la desigualdad y la pobreza, resulta imprescindible poner la lupa también sobre la riqueza. Los economistas Emmanuel Saez y Gabriel Zucman fueron más directos al afirmar que los ingresos de los superricos son obtenidos “a expensas del resto de la sociedad. Eso fue lo que granjeó a John Astor, Andrew Carnegie, John Rockefeller y otros industriales de la Edad Dorada su epíteto de barones ladrones”.
Dudo que actualmente mucha gente se atreviera a llamar ladrón a alguno de nuestros queridos multimillonarios. Porque, como un día me dijo mi cuñado, “si los superricos son superricos será porque se han esforzado mucho”. Que no digo yo que no, pero 74 de las 100 personas más ricas en España lo son por haber heredado, independientemente de que se hayan esforzado o no. ¿No os parece miserable que haya quien defienda que una persona se embolse 8.000 euros al mes sin moverse del sofá por el mero hecho de haber heredado 10 pisos, pero le llame paguita cuando hablamos de establecer una renta básica de 700 euros al mes para que todas las personas tengan sus necesidades básicas cubiertas? A mí también, pero es mi cuñado y toca aguantarle en las cenas de navidad.
Renta básica y renta máxima
Vivimos en una sociedad cada vez más polarizada, donde para mantener cierta paz social es imprescindible reducir las crecientes desigualdades –consecuencia directa del fracaso del sistema político– y avanzar en igualdad. Una igualdad que, como bien dejó escrito Jean-Jacques Rousseau, “no reside en el hecho de que la riqueza sea absolutamente la misma para todos, sino en que ningún ciudadano sea tan rico como para poder comprar a otro y que nadie sea tan pobre como para verse forzado a venderse”.
Creo que hay dos medidas imprescindibles para que nuestra sociedad dé pasos en la dirección correcta. En primer lugar, y para que toda persona tenga la existencia material garantizada y no sea lo suficientemente pobre como para tener que venderse –o aceptar un empleo en condiciones indignas o aguantar una relación tóxica por la dependencia económica, por ejemplo–, apostar por una renta básica sería la forma más eficaz y eficiente. Y en segundo lugar, y con el objetivo de que nadie tenga el poder suficiente para poder comprar a otra persona –o voluntades políticas, por ejemplo–, sería indispensable implantar una renta máxima. Así y sólo así impediremos una acumulación de riqueza tan grande que permita atentar contra lo común y, por consiguiente, contra la democracia.
“Ningún ciudadano estadounidense debería tener unos ingresos netos, tras haber pagado sus impuestos, superiores a 25.000 dólares al año.” Franklin D. Roosevelt, 1942.
Aunque a mucha gente le cueste creerlo, así es como se dirigió el trigésimo segundo presidente de los Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, el 27 de abril de 1942, al Congreso estadounidense. El objetivo de esta política fiscal cuasiconfiscatoria no era, ni mucho menos, incrementar la recaudación tributaria. Era, sencillamente, evitar una concentración de la riqueza extrema.
Si bien Roosevelt no consiguió establecer una renta máxima de 25.000 dólares anuales, es decir, gravar todos los ingresos superiores con una tasa marginal del 100%, sí logró establecer un tipo máximo para las rentas más altas del 94%. Durante las décadas siguientes, e incluso bajo las administraciones republicanas de Eisenhower, Nixon y Ford, se siguieron manteniendo unos tipos impositivos por encima del 70% para las rentas más altas.
Posteriormente, tras la llegada de Reagan, todo cambió y los ricos empezaron a pagar cada vez menos impuestos. En 2011, Warren Buffett, una de las persona más ricas del mundo, según Forbes, se quejó abiertamente en un artículo titulado “Dejen de mimar a los superricos”, publicado en el The New York Times, porque habiendo ganado 62,8 millones de dólares pagaba menos impuestos que su secretaria, quien cobraba 60.000 dólares. También Bill Gates se ha pronunciado en la misma línea. Es más, en plena pandemia, más de un centenar de superricos, conocidos como “millonarios patrióticos” pidieron pagar más impuestos a través de una carta enviada al Foro Económico Mundial, reclamando a los gobiernos que les “aumenten los impuestos. Inmediatamente. Sustancialmente. Permanentemente. […] Porque no estamos conduciendo las ambulancias que llevan a los enfermos a los hospitales. Ni reabasteciendo los estantes de los supermercados ni haciendo delivery de comida de puerta a puerta […]. Pero sí tenemos dinero, mucho. Dinero que ahora se necesita desesperadamente”.
En España, sin embargo, todavía no hemos encontrado a nuestro particular Buffett, Gates o millonario patriótico. Ni siquiera incrementando su fortuna en más de medio millón de euros al día. Visto lo visto, parece sensato pensar que, para terminar con la pobreza, hay que acabar antes con la extrema riqueza. Porque la riqueza es poder y, por tanto, una concentración extrema de la riqueza significa una concentración extrema del poder. Una concentración extrema del poder, a su vez, es capaz de influir en la política, moldear la ideología, apropiarse de los medios de comunicación o aplastar la competencia. Una política fiscal justa que tenga el objetivo de impedir la desigualdad extrema, por tanto, debería ser capaz de evitar también la concentración extrema del poder.
Julen Bollain es doctor en Estudios sobre Desarrollo, profesor e investigador en Mondragon Unibertsitatea. Acaba de publicar Renta Básica: Una herramienta de futuro (Editorial Milenio, 2021), con prólogo de Daniel Raventós y epílogo de Guy Standing.
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