Miles de ciudadanos de las zonas rurales de Perú iniciaron este martes 17 de enero una masiva movilización hacia Lima, capital del país, para exigir elecciones inmediatas y la renuncia de la presidenta interina Dina Boluarte. Es un momento de plena tensión, ya que los reclamos se profundizan desde la polémica destitución de Pedro Castillo hace más de 40 días, dejando hasta la fecha decenas de fallecidos en las protestas.
La 'Marcha de los cuatro suyos', denominada así en referencia a la gran protesta que derivó en la renuncia del expresidente Alberto Fujimori en el año 2000, durará dos días y culminará en las puertas mismas del Palacio de Gobierno.
En las calles el clima podría tornarse violento. Mientras los manifestantes montaron cerca de 100 bloqueos de rutas, el Gobierno de Boluarte habilitó ayer a los militares a frenar las marchas, en un virtual toque de queda. Los ciudadanos que participan en la movilización temen toparse con una brutal represión en las inmediaciones de Lima.
Lima.
La actual mandataria, quien asumió el cargo por sucesión constitucional el pasado 7 de diciembre, decretó el sábado el estado de emergencia por un plazo de 30 días. Esto implica la suspensión de los derechos constitucionales de las personas en varias regiones y ciudades del país.
El decreto, que llama a la Policía Nacional a controlar el orden interno de Perú con apoyo de las Fuerzas Armadas, aplica en los departamentos de Puno, Cusco, Lima, en la provincia constitucional del Callao, en la provincia de Andahuaylas del departamento de Apurímac, en las provincias de Tambopata y Tahuamanu del departamento de Madre de Dios, en el distrito de Torata, y en la provincia de Mariscal Nieto del departamento de Moquegua.
Aun así, cientos de comuneros, campesinos, indígenas y peruanos descontentos por la crisis institucional, política y social, se dirigen a la capital para presionar por la renovación total del Estado. En diciembre, el Congreso aprobó adelantar los comicios de 2026 a abril de 2024, pero las manifestaciones persisten.
Además de la renuncia de Boluarte y el adelanto de los comicios a 2023, los manifestantes piden el cierre del Congreso, que definió la salida de Castillo sin un antejuicio político, y convocar a una Asamblea Constituyente. A su vez, principalmente los grupos provenientes de las regiones, demandan la liberación de Pedro Castillo, destituido por el Congreso el 7 de diciembre y privado de libertad desde esa fecha. El Gobierno ya ha rechazado todas estas peticiones.
Lo que ocurra en estos dos días de marcha será clave. Para el jueves, las organizaciones políticas, sociales y sindicales han convocado a un 'Paro Nacional, Cívico y Popular', encabezado por la Confederación General de Trabajadores del Perú.
El viernes último, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por el uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades durante la jornada del 15 de diciembre en Ayacucho, en donde fallecieron 12 personas y resultaron heridas otras 70.
Las protestas han dejado al menos 42 muertos, más de 500 heridos y unos 300 detenidos en cinco semanas, según contabilizó la fiscalía hace ya cuatro días.
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