Resumen Latinoamericano, 1 de septiembre de 2022.
Con el auge del uribismo en Colombia, aumentaron los esfuerzos por la desestabilización y la agenda destituyente contra Venezuela. Desde los años presidenciales de Álvaro Uribe Vélez, Bogotá ha estado tomando parte de acciones antichavistas lesivas, que aumentaron en grados de intensidad y cantidad durante el periodo de mandato de Iván Duque. A lo largo de la última década hemos presenciado las diferentes tácticas usadas dentro de la estrategia de guerra híbrida llevada a cabo desde más allá de la frontera colombiana, entre ellas el espionaje y el sabotaje.
Hace poco, la revista colombiana Raya publicó una serie de documentos a los que dice haber tenido acceso y que evidenciarían las sospechas de espionaje por parte de organismos de inteligencia colombianas durante el gobierno de Iván Duque.
En los documentos citados por la revista, aparece una operación denominada «Proyecto Génesis» y también la formulación de un escenario hipotético de guerra contra Venezuela, que aparece bajo el nombre de «Blanco Z2».
Según la revista Raya, la inteligencia colombiana tenía 28 fuentes infiltradas dentro de las fuerzas estatales venezolanas. «Esta red de informantes la integraba coroneles, tenientes, tenientes de navío, tenientes de fragata, sargentos, cabos, oficiales de la Armada Bolivariana, miembros de la Policía y miembros de la Milicia Bolivariana», dice el artículo.
Algunas de las actividades de espionaje que los documentos dicen que ejecutó el gobierno de Iván Duque son:
- Lograr acceder a los principales ejercicios y maniobras ejecutados en diferentes regiones de Venezuela.
- Tomar fotografías y recoger información sensible al interior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).
- Espiar a figuras políticas de niveles regionales del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) para construir sus perfiles.
- Realizar informes de las ocasiones en las que Venezuela actuó frente a las provocaciones del gobierno de Estados Unidos, quien intentó violar los espacios aéreos y marítimos venezolanos.
En otra maniobra reseñada en el artículo, la «Operación Venganza», la inteligencia colombiana se habría propuesto acceder al servidor del Ministerio de Poder Popular para la Defensa.
Uno de los planes descritos por la revista, y que llama la atención, es el que supuestamente ocurrió en el marco de los enfrentamientos con grupos irregulares en la frontera del estado Apure con Colombia, el año pasado. Los documentos de espionaje mostrarían que la inteligencia colombiana falsificó panfletos y audios del Ejército de Liberación Nacional (ELN) que fueron distribuidos para instigar el conflicto en la zona. Los materiales tenían mensajes de «ajustes de cuenta» contra la FANB. Entre las pruebas publicadas por la revista hay un panfleto del ELN de 2015 que los ejecutores del plan de desestabilización habrían tomado como modelo para hacer sus falsificaciones.
Otro elemento central del espionaje fueron los planes de desprestigio, hostigamiento y chantaje realizados contra miembros de la embajada venezolana en Colombia, que en casos puntuales contribuyó a la expulsión de algunos de ellos. Nombran el caso de Carlos Manuel Pino, un agregado de prensa de la embajada venezolana al que le plantaron evidencias para hacer parecer que estaba realizando actividades conspirativas contra el gobierno de Colombia.
El artículo relata que, durante cuatro años, Pino y su familia fueron objeto «de persecuciones, infiltraciones e interceptaciones ilegales». Migración Colombia lo habría expulsado del país el 20 de diciembre de 2018, basándose en las acusaciones sin pruebas que venían construyendo desde las operaciones de espionaje, dice la revista.
También se menciona el caso de la cónsul venezolana en Cartagena, Ayskel Carolina Torres. Contra ella se habría elaborado «un plan para desacreditarla y reclutarla con chantajes», dice el artículo, pero no se concretó porque ella habría salido del país por las presiones. Ayskel continuó siendo blanco de espionaje y persecución durante su viaje e incluso cuando ya se encontraba en Caracas, en los documentos citados aparece la información de su residencia en la capital venezolana.
El plan habría sido llamado «Operación Ocaso» (en él estaba la «Operación Cleopatra») y cerró con secuestro de documentos y recursos venezolanos en el consulado en Cartagena. La oportunidad llegaría después de que el presidente Nicolás Maduro anunció la ruptura de las relaciones con Colombia, el 23 de febrero de 2019.
Así lo describe la revista Raya:
«Dos diplomáticos del consulado de esa ciudad intercambiaron mensajes sobre cómo proteger la información que reposaba en la oficina principal, incluido el dinero y los documentos más sensibles que fueron guardados en una caja fuerte. Los espías colombianos tuvieron acceso a dichos chats y, días después de la salida de todo el cuerpo diplomático venezolano de Colombia, ejecutaron la operación ‘Ades’. Esta consistió en obtener una llave de la chapa del consulado para fotografiar cada rincón de dicha oficina y luego acceder a la caja fuerte para robarse los documentos y el dinero».
Precedentes en la conspiración contra Venezuela
Lo relatado hasta ahora sería un capítulo entre tantos de los que emprendieron gobiernos anteriores en Colombia, bajo el dictamen de Estados Unidos. Convirtieron el territorio colombiano en una plataforma de múltiples operaciones de guerra secreta contra Venezuela.
Por nombrar algunos ejemplos, tenemos que en 2010 el Ministerio de Interior y Justicia venezolano informó la captura de ocho personas de ciudadanía colombiana que fueron descubiertas espiando el sistema eléctrico nacional, con el objetivo de obtener información para actos de sabotaje. Tenían fotografías de varias subestaciones eléctricas del país, del sistema interconectado nacional y de la infraestructura vial.
Unos meses antes habían sido capturadas tres personas acusadas de sobornar a funcionarios públicos para obtener información de la FANB. Las mismas resultaron estar vinculadas al Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), organismo de seguridad colombiano. El caso fue discutido en la Asamblea Nacional, donde se presentó un documento interno del DAS que confirmaba los detalles de la operación de espionaje.
En los años posteriores, los ataques a las infraestructuras se hicieron más que recurrentes, del mismo modo, la cooptación de algunos grupos militares y de los cuerpos de inteligencia y seguridad (caso Cristopher Figuera) para ejecutar planes golpistas, lo que reafirmaría las acusaciones y el estado de alerta casi perenne del gobierno venezolano.
Bajo el gobierno de Iván Duque, y con la radicalización de la estrategia estadounidense para forzar un cambio de régimen, los organismos de seguridad del Estado vecino participaron en planes de desestabilización cuidando menos las formas. Lo vimos en el «Cucutazo» (2019), cuando directamente el expresidente Iván Duque dirigió el plan de invasión al territorio venezolano por la frontera del Norte de Santander (en el que también estuvieron involucrados elementos narcoparamilitares), simulando una operación de «ayuda humanitaria».
También cuando la Fiscalía de Colombia confirmó que los organismos de seguridad de ese país estaban al tanto del intento de magnicidio y golpe de Estado en Venezuela, objetivos de la fallida Operación Gedeón, y brindaron el escenario para que ésta fuera planificada en Bogotá.
Con el fracaso de la derecha colombiana en mantener el poder político, es probable que ahora hayan más oportunidades para destapar otras operaciones de espionaje, conspiración y desestabilización en contra de Venezuela, con el fin de exponer a los títeres presidenciales anteriores y su subordinación ante intereses extranjeros, en detrimento de los de su propia nación.
Foto de portada: Thomas Samson (AFP)
Fuente: Misión Verdad
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