Por: Hispan tv
El presidente de México acusa a Israel de ofrecer asilo al máximo funcionario implicado en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
El Gobierno de México, presidido por Andrés Manuel López Obrador, ha venido instando a Israel a facilitar la extradición de Tomás Zerón, el exjefe de la Agencia de Investigación Criminal de México.
Conforme denuncian las autoridades mexicanas, Zerón huyó a los territorios ocupados por Israel para evadir una investigación sobre su manejo del caso de los de los 43 estudiantes desaparecidos de la escuela normal rural de Ayotzinapa de la ciudad de Iguala en el Estado de Guerrero.
“Permítanme aprovechar la oportunidad para enviar un recordatorio respetuoso al ‘gobierno’ de Israel. No pueden estar protegiendo a la gente así”, dijo López Obrador el miércoles durante una conferencia de prensa.
En 2021, un documento del Ejecutivo de López Obrador, al solicitar la extradición de Zerón, informó que “el exfuncionario operó desde los más altos niveles del orden federal, la colusión criminal que derivó en la desaparición de los jóvenes, cometiendo entre otros delitos el de tortura”. Efectivamente, el sospechoso logró refugiarse ante el régimen de Israel, mientras que desde 2020 la Interpol ha emitido una circular roja para detenerlo.
La renovada solicitud para traer a Zerón a México se produce después de que la Fiscalía General de la República (FGR) del país informara el 19 de agosto de la detención del extitular de la extinta Procuraduría General de la República (PGR) Jesús Murillo Karam. Zerón fue uno de los autores de la versión fingida del caso de los 43 durante el gobierno del expresidente Peña Nieto.
A Karam se le imputa por la desaparición forzada y tortura de los 43 estudiantes de la escuela de Ayotzinapa entre el 26 y 27 de septiembre de 2014.
En el mismo proceso también se ordenó la aprehensión de 20 militares también relacionados con el caso.
La “verdad histórica” salió ser mentira
Murillo Karam y Tomás Zerón son los dos principios creadores de una versión oficial llamada “verdad histórica” de los hechos en 2014. De hecho, tras la desaparición de los estudiantes, una investigación de la Procuraduría General de la República estableció dicha versión, de acuerdo con la cual policías municipales de Iguala entregaron a los alumnos al grupo de narcotráfico Guerreros Unidos, quienes confundieron a los jóvenes con sicarios de una banda rival, los Rojos.
Según ese informe, los estudiantes fueron asesinados y sus cuerpos incinerados en el basurero municipal de Cocula, también en Guerrero. Sin embargo, el nuevo reporte elaborado después de tres años de investigaciones por la comisión de la verdad, arrojó la luz sobre las realidades ocultas del caso.
Deslegitimando la versión narrada por el Gobierno del entonces presidente Peña Nieto, el reporte revela su negligencia cómplice, además de dar a conocer el rol de los funcionarios de seguridad en la tragedia.
Por su parte, AMLO denuncia que los responsables de las investigaciones durante los primeros cinco años, a decir desde 2014 hasta 2019, se confabularon para falsear los hechos y construir la denominada “verdad histórica”.
Por todo, en julio de 2020 la “verdad histórica” fue cancelada y el fiscal general Alejandro Gertz Manero solicitó la captura de 46 exfuncionarios, incluido Zerón.
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