26 septiembre 2021

Venezuela ha considerado como ‘grotesca farsa’ el informe de la ONU que denuncia la ‘supuesta situación’ de los derechos humanos en el país suramericano

Por Ali Anzola

La República Bolivariana de Venezuela ha rechazado este viernes el informe emitido por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), Zeid Raad al-Husein, sobre la situación de las garantías fundamentales en el país suramericano.


A través de un comunicado emitido por la Cancillería, Venezuela expresa que “el pretendido informe constituye una evidencia más del absoluto menosprecio por la institucionalidad y el marco jurídico internacional que ha caracterizado al señor Zeid Raad al-Husein, durante el sombrío ejercicio de su mandato como Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos” (ACNUDH).

El Gobierno venezolano ha considerado que este documento se realizó sin contar con el mandato del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDHNU) y, por ende, es una acción arbitraria que vulnera los reglamentos de la organización.

La Cancillería ha descalificado el informe y ha asegurado que es el resultado de una metodología altamente cuestionable que sepulta la credibilidad y el rigor técnico exigidos a una Oficina de esa naturaleza y vulnera los principios de objetividad, imparcialidad y no selectividad.

“En su marcada obsesión contra Venezuela, el Alto Comisionado omite deliberadamente actuaciones y conclusiones de procedimientos especiales del propio Consejo de Derechos Humanos, que desmontan las calumnias del reciente y politizado informe”, agrega la nota.

En un nuevo informe, la oficina de Zeid Raad al-Hussein, que ya analizó la violencia en agosto de 2017, ha responsabilizado a las autoridades venezolanas de graves violaciones de los derechos humanos, entre las que se incluyen “homicidios”, el “uso excesivo de la fuerza” en contra de los manifestantes, las “detenciones arbitrarias”, los “malos tratos” y la “tortura”.

El organismo ha asegurado que existen bases sólidas para sugerir la intervención de la Corte Penal Internacional (CPI) ante los “graves y sistemáticos” abusos cometidos y la “impunidad generalizada”.

Caracas ha señalado a Al-Husein de “cómplice” al guardar silencio frente al negativo impacto de las agresiones de EE.UU. contra el país caribeño, generado por las “medidas coercitivas” de Washington y de sus “serviles aliados”, expresa el texto.

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